La información sobre la cantidad de detenidos, que no se publica sistemáticamente en El Salvador, sino únicamente a través de declaraciones de funcionarios, fue revelada en una audiencia convocada por la CIDH a petición de organizaciones sociales que denunciaron violaciones a derechos humanos, el pasado viernes.
Un 75 % de los reclusos corresponden a las personas arrestadas bajo el régimen de excepción; al solicitar la 28a. prórroga, el gobierno reportó 81,100 arrestados bajo la medida desde marzo de 2022 aunque no informó de los liberados.
Guzmán refutó las alegaciones de las organizaciones sobre las muertes de personas detenidas: el Socorro Jurídico Humanitario (SJH) lleva documentados 305 muertos; y la organización Cristosal lleva documentados 265, incluidos cuatro bebés.
El funcionario sostuvo que "como en cualquier sociedad" las personas que están recluidas "se mueren, se enferman, tienen todo tipo de problemas". Aseguró que han muerto unas 250 personas en dos años. "Eso significa que anualmente fallecieron 102 personas. Yo le hago una comparación solo con las cifras de la OMS (Organización Mundial de la Salud)... Hay un 86 % menos personas que en Estados Unidos y 77 % menos que en Colombia", indicó.
El comisionado informó que le hicieron la solicitud de investigación de cuatro casos de personas fallecidas. "Organizamos el mejor equipo forense, en esa revisión, puedo decir claramente que los forenses dictaminaron que todas fueron muertes naturales. No hay una sola muerte violenta", indicó.
De esa misma manera, el funcionario negó todo tipo de tortura en las prisiones.
Nosotros no vamos a guardar ningún tipo de tortura o malos tratos, sin importar qué hizo cada una de estas personas. La política del Estado es garantista, es una política basada en los derechos humanos. Hay que llegar a la institucionalidad, nosotros no nos escondemos. Lo defendemos porque lo hacemos bien.
Andrés Guzmán,
comisionado de derechos humanos y justicia de El Salvador.
El comisionado aseguró que le quería dar el uso de la palabra al presidente de la Sala de lo Penal "para que explique lo que tiene que ver con derechos y garantías dentro del proceso, cómo se garantiza con la virtualidad”. "Lo primero que hay que decir es que os megajuicios no es de ahora, no es de experiencia solo en El Salvador. En la mafia siciliana en Palermo", aseveró.