El primer periodo de gobierno de Nayib Bukele cerró con un recuento de 4,335 homicidios, una reducción del 93.3 % en comparación con la gestión de su antecesor, Salvador Sánchez Cerén, que cerró con más de 23,000 asesinatos, e incluye uno de los años más sangrientos de la historia, según los datos publicados por la Policía Nacional Civil a lo largo de su gestión al frente del Órgano Ejecutivo, entre el 1 de junio de 2019 y el 31 de mayo de 2024.

Un recuento diario hecho por Diario El Mundo durante cinco años señala que los primeros siete meses de gestión de Bukele, (de junio a diciembre de 2019) cerraron con 1,053 muertes violentas, mientras que el siguiente año -uno completamente atípico por la pandemia del covid-19- cerró con 1,324 asesinatos. A pesar de ello, Bukele ya empezaba a hablar de reducción de homicidios, debido al despliegue de su plan de seguridad, el Plan de Control Territorial iniciado el 20 de junio del 2019.

Al cierre de 2019, la tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes era 39, mientras que el año pandémico bajó a 19.7.


El año 2021 empezó a ser más notable la disminución de los homicidios, al cerrar con 1,147 asesinatos y una tasa de 17.6; el 2022 fue decisivo: el gobierno de Bukele acompañado por su partido en la Asamblea Legislativa, Nuevas Ideas, aprobó un régimen de excepción luego de una escalada de 87 asesinatos en un fin de semana. Este régimen permitió capturas masivas al principio, de supuestos pandilleros, pero que también detenía personas sin vínculo a estructuras criminales, razón por la que es ampliamente criticado. El régimen de excepción ya lleva más de dos años de vigencia.

Ese año, la disminución de los homicidios fue drástica: 569 al cerrar el año, una reducción de más del 50 % respecto al año anterior; la tasa de homicidios cerró con 7.8 por cada 100,000 habitantes.

La reducción drástica se mantuvo el último año de 2023 que cerró con aproximadamente 190 homicidios, según los reportes diarios de la Policía Nacional Civil y una tasa del 2.4; de enero a mayo del 2024, las muertes violentas se cuentan en 52, y las autoridades de seguridad del primer gobierno prevén una tasa de 1.7 al finalizar el año.