Luego de un mes de instalado el cerco militar en Soyapango, la población señaló que la violencia o inseguridad puede combatirse con medidas que no irrespeten los derechos humanos, según el último informe de Cristosal sobre este tema.

Al margen de si están de acuerdo o no con la implementación del cerco militar, los habitantes expresaron a Cristosal la necesidad de medidas “que sean menos invasivas, y que no revictimicen a personas, y sobre todo a grupos, que tradicionalmente o a partir, o incluso de la entrada del régimen de excepción, se han visto afectados”, explicó la directora de investigación de la organización, Rina Monti.

Añadió que el estudio arrojó que los hombres jóvenes han sido “satanizados” y por tener esas características, son vinculados con pandillas en Soyapango.

Otro hallazgo fue el reporte de mujeres jóvenes y adolescentes, quienes dijeron haber sido víctimas de acoso sexual en las calles de parte de los policías y soldados que custodian el cerco militar.

“Ya no pueden circular libremente con los policías porque temen que no pueden, no tengan opción de declinar de las insinuaciones que están haciendo sobre todos estos cuerpos de seguridad del Estado”, manifestó.

Monti explicó que aplicaron una encuesta, pero precisaban la información cualitativa a la cuantitativa, al final, recibieron 85 respuestas, de esas, 29 dijeron haber pasado retenes, 17 fueron detenidas por agentes policiales o militares mientras caminaban en la vía pública.

Otras 21 personas dijeron haber visto el uso excesivo de la fuerza contra vecinos de su comunidad y otros siete, reportaron allanamientos de moradas.

Además, 12 personas tuvieron afectaciones en sus trabajos, debido al cerco militar. “Dejé de asistir a una jornada de consultoría social, porque no poseía carta que avalara mi salida”, respondió un hombre de 32 años, a las preguntas de la organización.

El 3 de enero, el cerco cumplió un mes de haber sido instalado en la quinta fase del plan Control Territorial.