El Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador instaló el lunes un nuevo juicio en contra de siete miembros de la familia Flores Batres, quienes son acusados del delito de lavado de dinero, de $12 millones. El nuevo juicio se hace luego que la Cámara Tercera de lo Penal ordenará la repetición del proceso.

La Fiscalía mantiene la acusación del proceso que lleva más de diez de años, donde indican que Jaime Adalberto Flores Batres era el líder de la supuesta estructura que lavó $12 millones, ya que habría girado parte de sus ingresos obtenidos en Estados Unidos entre 2004 y 2009, a su madre Rosa Batres Flores viuda de Flores en El Salvador para que los colocara en depósitos bancarios a plazos y así ganar intereses.

“Desde el 2001 al 2015, en ese tiempo se logró establecer que los imputados movilizaron alrededor de $10 millones en sus cuentas en El Salvador, adquirieron una serie de productos financieros, como depósitos a plazos fijos, aperturas de cuentas, adquirieron inmuebles, siempre todo productor del lavado de dinero”, dijo el fiscal del caso.

Además, que Jaime Flores viajó a Perú donde creó una constructora que entre 2010 y 2013, que le generó ingresos por $4,693,140.79, dinero que luego lo remesó al país.

“En Perú tenían, en teoría, una empresa de construcción, ellos construían apartamentos , si se logró al menos acreditar la existencia de la empresa en Perú, pero obviamente no habían registros contables”, agregó el fiscal del caso.

Los procesados son: Jaime Adalberto Flores Batres, Sonia Maricel Amaya Márquez, Rosa Batres Viuda de Flores, Sandra Yasmín Flores de Salvador, Rosa Delmy Amaya Márquez, María Brígida Márquez y Jesús Anabel Flores Batres.

Absolución.

En septiembre del 2022, la acusación fiscal fue desestimada por el Tribunal Tercero de Sentencia, luego que el juez concluyó que la Fiscalía no logró determinar un indicio que el dinero que era transferido entre cuentas de la familia provenía de origen ilícito e incluso señaló que el peritaje propuesto por FGR se contradijo al decir que no se tenía la disponibilidad financiera para tener ese capital, cambiando sus conclusiones a decir que era de origen lícito proveniente de EE.UU. y Perú.