“A estas dos personas junto con otros seis imputados se les está atribuyendo la comisión de tres delitos los cuales son: estafa agravada, comercialización de lotes o parcelas, y agrupaciones ilícitas”, aseguró el fiscal del caso.
De los ocho procesados, solo cinco están capturados, el resto están prófugos de la justicia. Las identidades de los procesados no fueron reveladas ni por la Fiscalía General de la República, ni por los abogados defensores, pese a insistencias de Diario El Mundo.
La solicitud concreta al tribunal es que los ocho pasen a la etapa de instrucción, bajo la detención provisional.
El fiscal aseguró que el caso es en perjuicio de 24 víctimas, las cuales, han denunciado y han presentado la documentación de vida para acreditar dichos hechos delictivos.
“A estas personas quienes han sido afectadas tanto en su patrimonio como en su aspiración a ser propietarios de lotes”, sostuvo el fiscal. La acusación fiscal asegura que ARGOZ en conjunto con otras sociedades no contaban con los permisos para la venta de lotes, y que pese a no tener las autorizaciones las vendían, pero al final no entregaban las escrituras, una vez la víctima cancelaba los lotes.
Sobre la tipificación del delito de agrupaciones ilícitas, el fiscal dijo que se está acusando porque son más de dos personas las que formaban el grupo para cometer los delitos.
Acusación nula.
Sin embargo, ayer en la audiencia, la defensa de los ocho procesados alegó ante el juez la nulidad del caso, porque contraría la Constitución al aplicar un delito de forma retroactiva, aseguró un abogado quien se reservó la identidad.“La aplicación del delito de comercialización irregular de inmuebles no puede aplicarse al presente caso, porque se estaría violando la constitución y aplicando de manera retroactiva un nuevo delito, el delito tiene meses, ha sido publicado en agosto de este año, y los hechos son de 1984 y mucho antes, la Constitución establece que las leyes no son retroactivas, salvo cuando esa ley sea favorable al imputado, en este caso no la situación”, alegó el abogado defensor.
De igual forma, reprocharon la ampliación de la reforma al delito de agrupaciones ilícitas de forma retroactiva.
Lavado de dinero.
Durante la audiencia, la Fiscalía también imputó a la empresaria Leticia Farfán de Gómez el delito de casos especiales de lavado de dinero, ya que el día de los allanamientos, el pasado 5 de diciembre, se le incautó $296,570, los cuales no pudo justificar su licitud.Hasta el cierre de esta nota, el juez no había resuelto el incidente de nulidad.