El procesado fue condenado en 2021 a una pena de 35 años de cárcel, pero los defensores apelaron la decisión y la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia anuló la sentencia y ordenó repetir el juicio.
Según la defensa, apelaron porque en el primer juicio no se valoró e incorporó una prueba.
Ayer, durante la primera jornada de audiencia se incorporaron los alegatos iniciales y se inició con la prueba testimonial de las partes. La audiencia entró en receso y continuará el próximo 26 de abril con la declaración de testigos.
A la expareja de la víctima, se le procesa por un hecho ocurrido el 19 de noviembre del 2016 ya que, según la relación de hechos de la Fiscalía, el sujeto llegó con su vehículo a la casa de la víctima para llevarla a un compromiso social, sin embargo, luego de llevársela la familia nunca supo nada de la joven.
Fue localizada fallecido a causa de “múltiples golpes” cerca de un basurero de la calle a Huizúcar. Las investigaciones revelan que la víctima fue asesinada en otro lugar y, ese mismo día, su cadáver fue lanzado a la orilla de la carretera.
Tras el asesinato de Edith Marcela, el principal sospechoso desapareció y no fue sino hasta el 21 de diciembre de 2019, tres años después del hecho, que fue capturado cuando ingresaba al país, procedente de Honduras, por la frontera terrestre de El Amatillo, en La Unión.
Búsqueda de impunidad
Previo al inicio del juicio, organizaciones feministas se concentraron a las fuerzas del Centro Judicial “Isidro Menéndez” para denunciar la reapertura del caso, que consideran busca la impunidad al beneficiar al feminicida.“Llama la atención que en este contexto donde hay casos que no han tenido ninguna sentencia y que exista toda una narrativa del gobierno en negar los feminicidios y los homicidios, abran casos que ya tienen sentencia”, aseguró Keyla Cáceres, de la Colectiva Feminista.
Aseguraron que en el primer juicio se demostró con pruebas la culpabilidad del acusado y que como resultado se le impuso 35 años de cárcel. Exhortaron al sistema de justicia a mantener en firme la condena y no liberar al acusado.