La FECAJUD ha valorado que los traslados ordenados por el poder judicial responden a “decisiones independientes (de los juzgadores) que van en contra de la agenda o intereses del gobierno”.
El organismo recordó el traslado de la jueza Margarita Salgado, titular del Tribunal Sexto de Sentencia al Juzgado de Panchimalco por rechazar la demanda por presunta difamación que la diputada de Nuevas Ideas, Marcela Pineda, presentó en contra de la investigadora de temas de seguridad, Jeannette Aguilar.
También se refirió al reciente traslado de la jueza Segundo de Instrucción de San Salvador, Edelmira Violeta Flores Orellana, a un tribunal de Mejicanos, después de haber dado medidas alternas a la detención al exministro de Seguridad Mauricio Ramírez Landaverde y al exinspector general de Centros Penales Ramón Fernando Roque, procesados por presunto peculado.
La situación es preocupante no solo por los traslados arbitrarios e ilegales, sino también por el nombramiento de jueces fuera del mandato constitucional, y el intento de criminalizar a los operadores judiciales”, dice parte del comunicado.
La FECAJUD exhortó a la Corte Suprema a cumplir con la Constitución salvadoreña al mismo tiempo que le ha instado a proteger la independencia de los jueces y sus suplentes.