El fallo ha sido programado para las 3:30 de la tarde, donde el tribunal colegiado revelará si condena o absuelve a los procesados.
El juicio finalizó el pasado viernes 3 de noviembre, con los alegatos de la defensa, así mismo, con el derecho a la última palabra de los procesados.
Abogados consultados en el proceso aseguran que la fecha es “pronta” para un proceso tan extenso y con mucha prueba que someter a valoración. Al menos cuatro defensores manifestaron a Diario El Mundo, off the record, que sospechan que los jueces ya tendrían una “valoración anticipada” para resolver.
La acusación
Entre los 10 acusados están exfuncionarios y exempleados de Casa Presidencial, entre ellos, la exprimera dama, Vanda Pignato, acusada de delitos de lavado de dinero y activos, y simulación de delitos, por quien Fiscalía pide una sentencia de 19 años de cárcel.
“No hay prueba para poder sostener esas conductas a Vanda Pignato o que puedan sustentar que hay actos de lavado de dinero...la prueba no puede derivar para sostener una condena penal o civil”, sostuvo el defensor, Marvin Flores.
La Fiscalía dijo que Pignato recibió $100,000 mensuales en concepto de pagos a tarjetas provenientes de los gastos reservados, aunque la defensa contradijo esa acusación, diciendo que no hay pruebas que respalden lo dicho, de igual forma, los defensores sostienen que ningún testigo manifestó esa cantidad en el juicio.
La pericia financiera agregada en el expediente judicial arroja que Pignato hizo $59,149 en pago de tarjetas, que es cuestionado por la Fiscalía. La defensa alegó que la representación fiscal no ha probado que por parte de Pignato hubo una intención dolosa de lavar dinero, ya que nunca tuvo conocimiento previo de lo ilícito de los fondos.
Así como la defensa de la exprimera dama, también los abogados defensores de los nueve más implicados en el caso “Saqueo Público” han solicitado una sentencia absolutoria por los hechos, al manifestar que los gastos nunca fueron saqueados, y únicamente fueron puestos a disposición y uso discrecional del expresidente Mauricio Funes y del exsecretario privado, Francisco Cáceres, para el pago de servicios y proveedores.
La Fiscalía procesa a 10 personas en el caso Saqueo Público, acusados de peculado y lavado de dinero por el desvío de $351 millones de Casa Presidencial, entre ellos, exfuncionarios y exempleados de la gestión Funes, para los cuales han pedido penas que oscilan entre cuatro años hasta 30 años de cárcel.