De acuerdo con abogados ligados al proceso, el juez se excusó luego que un abogado defensor que “trabajó con él”, se mostró parte en el proceso, ya que “la imparcialidad podría verse cuestionada”, según contó lo fuente judicial, sobre los argumentos de la excusa del juez de extinción.
Debido a la excusa presentada por el juez, la audiencia preparatoria programada para el pasado 2 de febrero fue suspendida, hasta que una Cámara de lo Penal de San Salvador resuelve el conflicto.
“En este momento es la Cámara la que va a conocer si debe él o no continuar conociendo, es por eso que no hay fecha, y estamos a la espera que la Cámara resuelva la excusa que planteó el juez”, aseguró la fuente judicial.
En el caso donde el juez de extinción, Luis Manuel Reyes Deras, se quiere apartar están siendo cuestionados los bienes del exfiscal General, Luis Martínez y el exgerente de la Fiscalía, Mauricio Yánez Morales.
Al exfiscal Luis Martínez, la Fiscalía le inició un proceso de extinción en 2018, contra seis inmuebles y siete vehículos, que estarían ligados a investigaciones por delitos de lavado de dinero, peculado, negociaciones ilícitas, cohecho propio y falsedad documental, ligadas por el caso denominado “Corruptela”.
Dos de los inmuebles que están bajo medidas cautelares, se ubican en la residencial Joyas de Las Piletas, en Nuevo Cuscatlán y en la finca Alicante de Comasagua. Otros cuatro inmuebles están en el Barrio San Miguelito de San Salvador, en Santa Ana, y en Santa Elena, de Antiguo Cuscatlán.
De igual forma, siete vehículos a nombre del exfiscal, que supuestamente fueron entregados en concepto de dádivas de los empresarios Enrique Rais y Hugo Blanco Rais.
En el caso del exgerente de la Fiscalía en el periodo de Luis Martínez, el proceso de extinción de dominio es en contra de dos de sus viviendas, por un supuesto incremento patrimonial de $229,911.36.
En el proceso de extinción de dominio están también los bienes de José Dolores Zelaya Mendoza, quien era el gerente de Recursos Humanos de la Fiscalía. Los dos exgerentes, supuestamente, recibían el 80 % del dinero sustraído para consultorías que nunca se realizaron, el otro 20 % era para las personas que se prestaron a dicho plan, según el requerimiento fiscal.