La jueza del Tribunal Primero contra el Crimen Organizado de San Salvador solicitó a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) un juez de apoyo por un periodo de dos meses, debido a la alta carga de trabajo, tanto antigua como nueva.

La solicitud fue discutida en el marco de una sesión de la Comisión de los Jueces de la Corte agendada en la Corte Plena el 26 de septiembre de 2024, donde reconocieron la presión que supone la situación actual en los tribunales de Crimen Organizado.

Los magistrados manifestaron la necesidad de atender ese tipo de peticiones, dadas las implicaciones del régimen de excepción, que lleva en vigencia 33 meses en el país, lo cual ha aumentado el número de casos relacionados con el crimen organizado.

“La dinámica de los Juzgados Contra el Crimen Organizado es muy complicada y con la experiencia de casos analizados anteriormente se inclina porque se concedan dos meses y en caso que termine antes se revoque”, se lee en el acta de la Corte Plena.

Según lo establecido, la petición sería evaluada en un plazo de un mes, y dependiendo de la carga de trabajo que persista, se podría considerar la extensión del apoyo judicial por otro mes, como lo solicitó la jueza del referido Tribunal de Crimen Organizado.

“Se podrían conceder los dos meses solicitados sujetos a que se presenten los avances, para limitar si es necesario en sintonía con que se elabore un Instructivo para normar pues en materia contra el crimen, esta será la modalidad”, opinó uno de los magistrados.

A su vez, los magistrados de la Comisión plantearon que a partir de dicha petición se deba considerar la creación de un instructivo para saber cómo atender y proceder en futuras peticiones similares que se presenten ante la Comisión.

Además, se sugirió que junto a las peticiones los juzgadores podrían agregar un plan de trabajo de lo programado para el tiempo que soliciten.

En ese contexto, la implementación de un protocolo específico busca contribuir a una mejor organización y planificación en el manejo de la carga laboral en el sistema judicial de El Salvador, que incrementó con la aplicación del régimen de excepción.