La jueza Mirtala Teresa Portillo de Cruz, quien conoce la causa desde hace un año, decidió aplicar el Código Penal del año 1973, una normativa derogada, según los acusadores particulares.
Los abogados explicaron que durante la declaración de los testigos, el Código imposibilitaría que se interrogue de forma oral y directa, sino que será por medio de la jueza. Ayer, el abogado del general Guillermo García, solicitó que su cliente esté presente durante las declaraciones y para resolver la petición, la jueza suspendió la diligencia.
“Se va a hacer la diligencia de acuerdo al Código de 1973, la jueza ha tomado esa determinación; no obstante, la Constitución de 1983 cambió toda esa situación por la cuestión jurídica...hay un desfase ahí entre los cuerpos legales del Código de 1973 y del 1998 hasta acá, entonces hay un problema de las declaraciones de los testigos, uno que es ante un auxiliar, quien toma una declaración y la jueza está presente con las partes y hay repreguntas a través del juez”, afirmó Ovidio González, abogado de Tutela Legal “Dra. María Julia Hernández”.
Añadió que con base a ese Código, todas las diligencias se realizarán de forma escrita, declaraciones de testigos y de peritos, así mismo, la decisión final, es decir, para dictar sentencia, será tomada por una jurado con base en íntima convicción y conciencia, y no por la jueza.
Se va a hacer la diligencia de acuerdo al Código de 1973, la jueza ha tomado esa determinación; no obstante, la Constitución de 1983 cambió toda esa situación”. Ovidio González, Tutela Legal
David Morales, acusador particular también aclaró que la decisión de la jueza aplica no solo a la diligencia que se pretende desarrollar esta semana ( del 1 al 4 de noviembre) sino que será en “todo el proceso”. El juez Jorge Guzmán que ventilaba el proceso hasta septiembre del 2021 aplicó un proceso híbrido donde mezclaba la normativa derogada con la vigente.
Los acusadores particulares confirmaron que la jueza retomó el caso con el Código de 1973. / Emerson del Cid
“Justicia queremos”.
Ante el cambio de normativa y la “dilatación” de la diligencia, los familiares de las víctimas de la masacre de El Mozote dijeron que son buscan justicia, tras casi 41 años del hecho.“Como familiares no pedimos edificios, nosotros justicia queremos...nosotros venimos a casi 41 años de este proceso... y la dilatación que ha tenido ha sido bien notoria y ha sido con todos lo Gobierno que han estado en turno, no solo ha sido el actual, que han querido proteger a estos militares y nos preocupa que ellos están falleciendo y también nuestros familiares”, dijo Leonel Claros de de la Asociación Promotora de Derechos Humanos de El Mozote (Apdhem).
Añadió que como víctimas piden que no se siga dilatando y que eleven el caso a juicio.
Con antelación ninguna de estas personas que representamos (testigos de la masacre de El Mozote) nos había manifestado que no quería prensa”. David Morales, Cristosal
La prensa nacionales e internacional fue notificada que le permitirán el ingreso a las diligencias. / Emerson del Cid
A puerta cerrada.
Además, la jueza Mirtala Teresa Portillo de Cruz negó el acceso a la prensa a la diligencia donde cinco testigos declararían sobre la masacre de El Mozote y lugares aledaños, ocurrida en 1981.
La prensa nacionales e internacional fue notificada que le permitirán el ingreso a las diligencias. / Emerson del Cid
A puerta cerrada.
El argumento para negar el acceso, según comunicó a los periodistas el personal de comunicaciones de la Corte Suprema de Justicia, fue que querían evitar la revictimización.
Añadió que la decisión, supuestamente, fue consultada y avalada por los testigos, sin embargo, el abogado Davis Morales dijo que en ningún momento los testigos manifestaron que no querían la presencia de la prensa, dijo que se les consultó sin estar ellos.
Añadió que no existe un argumento legal por el que la jueza impida la presencia de periodistas.