Por tercera ocasión, el Tribunal Cuarto de Sentencia, de San Salvador, volvió a reprogramar el juicio que conocerá los hechos de la masacre ocurrida en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), en 1989, y donde es procesado el expresidente de la República, Alfredo Cristiani.
Luego de deliberar y escuchar algunas situaciones fuera del proceso, las juezas decidieron que la vista pública se instalará el 5 de abril de 2027, a las 8:00 de la mañana, para que comparezcan todos los imputados, y los defensores y fiscales presenten la prueba depurada.
El defensor del coronel Manuel Rivas, Francisco Garay Pineda, explicó que en el juicio se utiliza el Código Procesal Penal de 1998, el cual, indicaba que el juicio no puede realizarse sin la presencia de los imputados, aunque solo falte uno, por los principios de inmediación y derecho de defensa.
Este miércoles, 14 de octubre, dos de los imputados -Rafael Humberto Larios López y Juan Rafael Bustillo Toledo- no se presentaron a la sala de audiencias y sus abogados presentaron escritos al tribunal alegando enfermedad, las juezas remitirán un dictamen para que sea el Instituto de Medicina Legal (IML) quien certifique si la enfermedad justifica la inasistencia, de lo contrario serán declarados rebeldes.
Por otro lado, el defensor del exdiputado Rodolfo Parker, Carlos Miranda, explicó que había solicitado al Tribunal dividir el proceso, debido a que él participa en otra audiencia ya instalada y que se prolongará hasta el 30 de octubre.
«No se accedió a separar la causa de esta defensa por el señor Rodolfo Parker, porque por los principios de concentración, Fiscalía fijó una postura que era necesario por los testigos y por la prueba y abundante información que se tiene tanto histórica como documental, que la diligencia se evacúe en un solo acto», indicó Miranda.
La primera fecha del juicio estaba prevista para este lunes 20 de julio, sin embargo, ese día fue programado para el 14 de octubre de este año, tras no tener respuesta del reino de España sobre la intimación del coronel Inocente Montano, otro de los imputados, y quien purga 133 años de prisión en el país europeo.
Este miércoles, el tribunal no se pronunció sobre si Montano ya había sido intimado del juicio; en agosto, la Audiencia Nacional Española concedió libertad condicional anticipada por motivos de salud al exmilitar y exviceministro de Seguridad Pública; en esa ocasión, la resolución indicó que Montano presentaba un «declive cognitivo elevado», quedará bajo el cuidado y vigilancia de la ONG Basida, en Madrid, que aceptó hacerse cargo de su custodia, según el auto judicial divulgado.
Este proceso penal se abrió en contra del expresidente de la república, Félix Alfredo Cristiani Burkard, el exdiputado Rodolfo Antonio Parker, y un grupo de exmilitares del Alto Mando: Juan Rafael Bustillo Toledo, Juan Orlando Zepeda Herrera, Rafael Humberto Larios López, Carlos Camilo Hernández Barahona, Nelson Iván López López, Joaquín Arnoldo Cerna Flores, Inocente Orlando Montano, Óscar Alberto León Linares y Manuel Antonio Ermenegildo Rivas Mejía.
A Cristiani Burkard se le imputa el delito de asesinato en calidad de autor mediato en comisión por omisión; como autores mediatos del delito de asesinato también son procesados Larios López, Zepeda Herrera; mientras que en calidad de cómplices en el delito de asesinato son procesados Bustillo Toledo, Hernández Barahona, López y López y Cerna Flores.
Montano es procesado por el delito de autor mediato del asesinato de los salvadoreños José Joaquín López y López, Julia Elba Ramos y Celina Mariceth Ramos. A todos los anteriores, a excepción de Hernández Barahona, también se les imputa el delito de terrorismo.
Además, a Parker Soto, León Linares y Rivas Mejía se les imputa el delito de fraude procesal y encubrimiento personal.
En el ataque fueron asesinados los jesuitas Ignacio Ellacuría, Ignacio Martín Baró, Segundo Montes Mozo, Juan Ramón Moreno Pardo, Amando López Quintana y Joaquín López y López, junto a la cocinera Elba Ramos y su hija Celina Ramos.
El Informe de la Verdad señala que en la madrugada del 16 de noviembre de 1989, efectivos del batallón militar Atlacatl ingresaron al campus de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) y asesinaron a los seis sacerdotes y a las dos mujeres y luego hicieron parecer que se había tratado de un ataque de la guerrilla salvadoreña.
¿Un caso político?
En enero del año 2022, la Sala de lo Constitucional revocó una resolución de la Sala de lo Penal y volvió a abril el caso de la masacre de los sacerdotes jesuitas y dos mujeres en la UCA, ocurrido durante la ofensiva final del conflicto armado
Tras ello, el 25 de febrero del mismo año, la Fiscalía General de la República presentó la acusación por este proceso, en contra del alto mando militar, y anexó al expresidente Cristiani y al exdiputado Parker, quienes no figuraban en el proceso penal que fue abierto en la década de los 90.
«Es un proceso político, porque jurídicamente no hay un amparo para procesar a estos señores, desde que metieron al licenciado Cristiani y Parker en esto, el juicio se volvió más político que jurídico», externó el abogado del general Humberto Larios, Eduardo Cardoza, quien este miércoles lamentó que el caso siga postergándose.
