“Se pretende por medio de las pericias determinar con el control judicial la cantidad de dinero con la cual el señor Alberto Romero se ha enriquecido y que posteriormente a lavado”, afirmó el fiscal del caso.
De los tres peritos, dos fueron propuestos por los fiscales de la Unidad Especializada contra Lavado de Activos de la Fiscalía General de la República, y un tercero a propuesta de la defensa del exdiputado.
Los dos peritos permanentes de la Fiscalía pertenecen a la Superintendencia del Sistema Financiero y el otro por la Corte de Cuenta de la República. El peritaje comprenderá el periodo entre mayo de 2009 y diciembre de 2022, cuando fue diputado propietario por el departamento de Cuscatlán, por el Partido Alianza Republicana. Según la Fiscalía, Romero habría experimentado un aumento patrimonial no justificado por $1,162,388.05, a través de blanqueo de capitales.