Según un comunicado del Centro Judicial de Santa Tecla, el Juzgado negó el beneficio porque el dictamen del Consejo Criminológico determinó que el pandillero “no ha logrado superar las carencias que lo llevaron a cometer los delitos”.
“Egoísta, narcisista, falta de adaptabilidad, irritable y un alto grado de egocentrismo”, detalle el dictamen, que añade que “El Sirra” mantiene los índices de agresividad y peligrosidad, “por lo que no está apto para la reinserción a la sociedad”.
Un reo puede solicitar el beneficio de la libertad condicional, cuando ha cumplido las tres terceras partes de su pena.
Arístides Dionisio Umanzor Osorio, alias “El Sirra”, fue condenado a 33 años de prisión por homicidio, secuestro y daños agravados en el año 2000, en perjuicio de Eduardo Álvarez Villacorta.
En 2019, le sumaron 14 años de cárcel por homicidio en el proceso judicial conocido como operación Cuscatlán, donde la Fiscalía General de la República afirmó que golpeó las finanzas de la Mara Salvatrucha.
En 2009, Umanzor Osorio fue trasladado al penal de máxima seguridad en Zacatecoluca, donde estaba confinado a una celda de aislamiento, sin entradas de luz.
Durante 2012 y 2013, los años de la tregua, Umanzor fue uno de los cabecillas de la MS que apareció liderando el llamado acuerdo de pacificación entre las pandillas, y fue trasladado al penal de Ciudad Barrios.
En 2016 pidió medidas autelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tras estar un año en aislamiento y condenar al Estado salvadoreño, pero las medidas fueron negadas.
El 15 de enero de 2021, la Fiscalía de Estados Unidos acusó a 14 pandilleros salvadoreños de la MS-13 por terrorismo, entre ellos, Arístides Dionisio Umanzor, alias “El Sirra”.
Por este motivo, Estados Unidos ha pedido extraditarlo a Nueva York, cuyo fiscal en funciones del distrito del Este, Seth DuCharme, responsabilizó a la MS-13 de la violencia que asola a comunidades del sector de Long Island de todo el este de Nueva York.
La acusación involucra a los cabecillas de la MS-13 en asesinatos, intentos de asesinato, asaltos, secuestros, tráfico de drogas, extorsión de personas y empresas, obstrucción de la justicia, además, sostiene que la estructura envió dinero producto de actividades ilícitas en EE. UU. a cabecillas en El Salvador.