Tras más de dos horas de audiencia, a la que únicamente tuvieron acceso las partes involucradas en el proceso; el abogado y representante legal de los demandados, Jonathan Navarro, aseguró que desfiló toda la prueba para ilustrar los hechos, así mismo, que se realizaron los alegatos finales, en donde ratificaron el petitorio de los $5 millones como condena civil para El Diario de Hoy y $5 millones para el periodista Jorge Beltrán Luna.
“El caso sigue su curso...el juez decidió definir el fallo, que la legislación lo permite, y quedó por tema de agenda judicial también para el 4 de marzo”, aseguró el abogado defensor. Agregó: “No tenemos fallo todavía, confiamos nada más en los procesos judiciales”.
Diario El Mundo intentó obtener una versión de la parte demandante, pero el empresario, así como su abogada se negaron a brindar declaraciones a la prensa.
Sin acceso.
La audiencia se desarrolló a puerta cerrada, únicamente con las partes involucradas. Incluso, representaciones de las embajadas de Estados Unidos y de Canadá en El Salvador intentaron ingresar a la sala de audiencias en calidad de observadores del proceso, pero se les negó, bajo el argumento de “falta de espacio”.En representación de la Embajada de Estados Unidos en El Salvador había asistido el oficial de derechos humanos.
Ambos cuerpos diplomáticos aseguraron que la intención era ser vigilantes del proceso que dejaría un mal precedente para la libertad de prensa. La representación de Canadá sostuvo que buscan hacer saber que la comunidad internacional “les está observando”.
La oficial de Canadá dijo que desde el pasado 16 de febrero presentaron el escrito para estar presentes. También, la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) había solicitado estar presente, pero el juzgado negó el acceso bajo el argumento que la sentencia no afectará al gremio periodístico.
La demanda nació el 27 de enero del 2022, cuando el empresario salvadoreño-israelí, Yacov Fauster, pidió el derecho de rectificación y respuesta por considerar que una noticia era falsa. La nota reproduce un reportaje de la revista mexicana Proceso, que mencionaba al empresario.
Ante la petición del empresario, el medio publicó el derecho de respuesta donde aclaró que la noticia fue sustentada en una investigación periodística de la Revista Proceso; sin embargo, el empresario no se dio por satisfecho, ya que buscaba una disculpa pública, pese a que la Ley para el Ejercicio del Derecho de Rectificación y Respuesta no contempla la disculpa pública.
En junio de este año, el empresario reabrió el caso en el Juzgado Primero Civil y Mercantil, por reparación de daño moral.