La jueza había girado orden de captura el pasado 20 de diciembre, luego de haberlo declarado en rebeldía, ya que se desconocía el paradero de Lüers, pero dos días después, es decir, el 22 de diciembre, anuló de ofició su misma resolución y argumentó que no se habían agotado los actos procesales de comunicación y ubicación. Pero la resolución solo trascendió este lunes.
En su resolución revierte la situación jurídica de Paolo Lüers a la que se encontraba antes de haberle girado la orden de captura, es decir, a medidas sustitutivas a la detención.
"Pues no ha sido evacuado en su totalidad el trámite dispuesto para agotar todos los medios que la normativa procesal penal franquea para realizar el llamamiento judicial a dicho encartado...es procedente declarar de oficio la nulidad de la emisión de la declaratoria de rebeldía en contra del sindicado, trayendo como consecuencia, volver al estado procesal en el que se encontraba, dejando sin efecto todas las gestiones realizadas a fin de dar cumplimiento a la orden emanada", sostuvo el Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador en su resolución a la que Diario El Mundo tuvo acceso.
Agregó que de lo contrario se le estaría quebrantando derechos fundamentales, cuando es imperativo del juzgado salvaguardar los derechos y garantías al procesado Paolo Lüers.
En ese sentido, la jueza previno a la Fiscalía General de la República (FGR) que sea la encargada, en un periodo de 20 días después de su notificación, de proporcionar al juzgado la nueva dirección, números telefónicos o cualquier otro medio electrónico donde se pueda notificar al procesado.
Así mismo, le encomendó que solicite a las Administradoras de Ahorros para Pensiones, al Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS, al Ministerio de Trabajo, que informen si en sus bases de datos está registrado Paolo Lüers, y de ser así, que extraigan la información sobre su ubicación.
También pidió a la Fiscalía pedir a las instancias correspondientes sobre el posible fallecimiento del proceso, y también a la Dirección General de Migración y Extranjería informe de los movimientos migratorios.
"Todo ello a fin de verificar la existencia o inexistencia de nuevos elementos que permitan ubicar al procesado en comento, para lo cual se le concede el plazo de 20 días", ordenó la jueza a la Fiscalía.
¿Por qué lo procesan?
La acusación por la que es procesado el periodista, también incluye al exministro de Gobernación, Arístides Valencia; el exministro de Seguridad, Benito Lara, el exalcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt, los difuntos; exalcalde de Ilopango Salvador Ruano y Raúl Mijango, además de Wilson Alvarado, todos mediadores durante la tregua con pandillas en el gobierno de Mauricio Funes. Todos procesados por los delitos de agrupaciones ilícitas y fraude electoral.Según la Fiscalía, durante la tregua en el período de Mauricio Funes propició que los políticos se percataran del "poder para inclinar la balanza electoral” que tenían las pandillas.
En el caso de Benito Lara y Arístides Valencia, con el apoyo de Wilson Alvarado y Raúl Mijango, se acercaron a las estructuras criminales para ofrecerles $100,000 a cambio de que pandilleros votaran por la fórmula presidencial del FMLN: Salvador Sánchez Cerén y Óscar Ortiz.
Mientras que por Arena, se entregaron $100,000 antes de la segunda vuelta electoral supuestamente a través de Paolo Lüers, según la acusación de la Fiscalía.