De las más de 61,000 personas capturadas en el régimen de excepción, los juzgados son los entes que más personas han liberado, sobrepasando los datos de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Policía Nacional Civil (PNC); es decir, que los detenidos han enfrentado una audiencia o dos audiencias sin hallar las pruebas para seguir en el proceso.

Hasta el 3 de enero de este 2023, según datos de la Fiscalía Adjunta de la Defensa de los Derechos de la Sociedad, los tribunales liberaron a unas 2,852 personas a las que dejaron sin efecto la detención por falta de pruebas que los vincularon a los delitos imputados, de ese total, unos 1,091 fueron menores de edad.

De igual forma, detalla que la zona en dónde más liberaciones realizaron son San Salvador con 809 adultos y 625 menores, seguido de la zona occidental donde sacaron de prisión a 317 adultos y 214 menores, en oriente unas 263 personas adultas y 132 menores, mientras que en la zona paracentral sacaron a 189 adultos y 40 menores, y por último, la zona central con 183 adultos y 89 menores.

Mientras que los reos liberados por la Fiscalía son 452, de ellos, 37 menores de edad, y los de parte de la PNC suman unos 525 personas, sin detallar, cuántos eran menores.

Al sumar el número de las personas capturadas en el régimen de excepción y puestas en libertad, hacen un total de 3,829 personas, de las 1,128 menores de edad. Cabe mencionar, que la cifras es superior a la que las autoridades del gabinete de Seguridad han hecho pública, que es de 3,313 personas.

“61,000 personas han sido capturadas durante el régimen de excepción, de esas 61,000 también la población debe de saber que salieron libres más de 3,300 personas que demostraron ante la Fiscalía y sistema judicial que son inocentes”, declaró recientemente el director de la PNC, Mauricio Arriaza Chicas.

Añadió que esas liberaciones también obedecen a la supervisión de instituciones como del Ministerio Público que en este caso es la Fiscalía General de la República, la Procuraduría General, la Procuraduría de la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), quienes mantienen control sobre los procedimientos policiales.

“Daño mínimo”.

De igual forma, el ministro de la Defensa Nacional, René Merino, agregó que la liberación de las personas responde a la complejidad del fenómeno a la que se está enfrentando con el régimen de excepción, y que a pesar de haberse realizado esa captura el daño colateral por esas “operaciones quirúrgicas” han sido mínimas.