Por el caso fue absuelto su abuelo, Carlos Miranda, acusado de homicidio y violación en 2000. Un año después el caso se cerró definitivamente porque la Fiscalía General de la República no presentó más pruebas. Miranda falleció el 4 de octubre de 2018.
“Este caso fue el que puso al desnudo, de manera cruda, el problema de la violencia y la impunidad que permaneció vigente en El Salvador después de la guerra”, dijo a Diario El Mundo, defensor de derechos humanos Benjamín Cuéllar, quien recuerda otros casos impunes como el asesinato de Ramón Mauricio García Prieto asesinado el 10 de junio de 1994; Adriano Vilanova, asesinado el 2 de septiembre de 1995; y William Gaitán, asesinado el 4 de enero de 1996.
Ante la CIDH.
Según Benjamín Cuéllar el crimen de Katya Miranda fue un caso representativo de ese ciclo de impunidad porque fue una niña “violada y asesinada en medio de su familia”.
Destaca que al menos en el crimen de Ramón García Prieto, se logró la condena de los autores materiales; por el crimen de Adriano Vilanova, lograron la condena de los policías; pero por el crimen de Katya no se logró dar ni con autores materiales ni intelectuales por una actuación mala de la Fiscalía, dijo el exdirector del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana.
Ahora, 23 años después, Hilda Jiménez, la madre de Katya, sigue buscando justicia a través de la asociación Víctimas Demandantes (Vidas) con un proceso activo en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admitido el 21 de febrero de 2020.
Esos casos trascendieron porque los medios le pusieron atención, pero niños y niñas son víctimas en la posguerra de violencia y de impunidad, vivimos en una sociedad que reproduce violencia e impunidad”. Benjamín Cuéllar, representante de VIDAS
“Queremos que esto no quede en la impunidad, esto fue lo primero que se debió haber hecho, atacar la impunidad, para eso había un compromiso en el acuerdo de Chapultepec”, explica Cuéllar, fundador de la asociación Vidas.
La demanda ante la CIDH argumenta que el Estado no condujo diligentemente las investigaciones para esclarecer el crimen y sancionar a los responsables. La menor se encontraba en un paseo de playa con un grupo de familiares, incluido su padre, quien era capitán de la Fuerza Armada y jefe del Departamento 4 del Estado Mayor Presidencial, y su tío, quien era subjefe de la División de Investigación Criminal de la Policía. La demanda señala contaminación de la escena, demoras e injerencias indebidas de autoridades.
Venganza, tampoco.
De acuerdo al director de Vidas, ni la protección a los autores de los crímenes ni la búsqueda de venganza con motivos ajenos a la verdad y la justicia logran romper ese ciclo de impunidad.Para el defensor de derechos humanos, el Gobierno actual debe dejar de hacer lo que hace para romper con ese ciclo de impunidad. “Que deje de hacer lo que está haciendo, antes las instituciones se ocuparon para proteger a uno, ahora se están ocupando para atacar”, dijo.
Cuéllar objeta, por ejemplo, que el Gobierno haya degradado a un juez que liberó a 42 presuntos miembros de pandillas por falta de credibilidad de un testigo criteriado. “Puede ser hasta peor que antes. Es venganza, es seguir usando el sistema para intereses que no son los de la verdad y la justicia”, dice.
Octubre 25 de 2007
Se recibe la petición ante la CIDH. La demanda argumenta violación a la vida, integridad persona, garantías judiciales y protección judicial.
Enero 18 de 2012
El Estado responde ante la CIDH que realiza un reconocimiento a la madre de la menor y que inició un nuevo proceso contra el abuelo de la misma.
Septiembre 24 de 2014
Sentencia de absolución a favor de las personas imputadas en el crimen en el segundo proceso penal, por lo que la CIDH decide admitir la demanda.