El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos pidió este viernes que se levante el estado de excepción en El Salvador y expresó su preocupación por la reiterada prórroga de una medida que "elimina el derecho a un juicio justo".

Reconocemos el complejo reto al que se enfrenta El Salvador para hacer frente a la delincuencia", declaró Marta Hurtado, portavoz del organismo internacional, en una rueda de prensa en Ginebra, sede del organismo.

"Sin embargo, debilitar el Estado de derecho y la integridad del sistema legal derogando el derecho a un juicio justo no es la respuesta", añadió.

El Salvador proclamó el 27 de marzo de 2022 el régimen de excepción en respuesta a una ola de 87 asesinatos en pocos días. Desde entonces, al menos 68,000 presuntos pandilleros han sido detenidos sin un mandato de arresto, según la ONU.

La cruzada contra las pandillas, que controlaban el 80% del territorio según el gobierno, cuenta con el apoyo de nueve de cada diez salvadoreños, resaltan las encuestas.

Pero tanto organizaciones de derechos humanos como la Iglesia Católica han criticado los métodos usados por el presidente centroamericano, Nayib Bukele.

La Oficina del Alto Comisionado denunció que entre los detenidos hay al menos 1.600 menores y citó el informe de una oenegé que apunta a que al menos 153 reclusos han muerto en prisión desde la implementación del estado de excepción.

"Pedimos a las autoridades que levanten el estado de excepción y revisen las medidas que han introducido", exhortó la portavoz.

En el marco de su controvertida "guerra" contra las pandillas, Bukele construyó una megacárcel para 40,000 presos, la prisión "más grande de América", con un severo régimen de reclusión.

"Pedimos a las autoridades que investiguen de inmediato todas las muertes bajo custodia conforme a las normas internacionales", añadió Hurtado

La ONU también pidió que las autoridades hagan rendir cuentas a los responsables y que "garanticen justicia y reparación a los familiares de las víctimas".

Otras entidades como Amnistía Internacional han denunciado que ven violaciones a derechos humanos en la aplicación del régimen de excepción en El Salvador, que cumplió un año el pasado marzo.

Cristosal publicó esta semana un nuevo informe que revela las identidades de 153 personas detenidas, que fallecieron bajo custodia estatal, durante el régimen de excepción..