El Tribunal Primero Contra el Crimen Organizado de Santa Ana resolvió el 20 de noviembre la orden inmediata de libertad, sin embargo, su padre y la defensa asegura que “esta situación nunca ocurrió”.
Tras más de un año de detenido, la defensa legal manifestó que no existen “elementos probatorios que vinculen al hecho delictivo que se le atribuyó”, por lo que en dos ocasiones han solicitado que se le dieran medidas sustitutivas a la detención, esto sin que el juzgado que conoce el caso accediera.
El pasado 30 de noviembre, Leví Morales fue puesto en libertad, sin embargo, de inmediato fue detenido y trasladado al centro penitenciario de Izalco, ya que, él se encontraba recluido en Usulután, declaró Ariela González, de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derechos (Fespad).
“Se pedía al mismo Tribunal que ordenáse a Centros Penales su inmediata puesta en libertad, bajo una serie de medidas sustitutivas, en ese marco nos quedamos como defensores... También estuvimos con la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) en cumplimiento en esta medida, sin embargo, lamentablemente nos enteramos el pasado jueves 30 de noviembre que a la fecha esta medida no se cumplió, por el contrario, Leví fue puesto en libertad e inmediatamente detenido nuevamente”, explicó González.
Añadió que no han recibido notificación particularmente del Tribunal de Santa Ana si se le imputó otro delito, por lo que consideran es una “detención ilegal” y “sin fundamento”.
Desconocemos quién es la autoridad pública que ha dictado dicha medida de volver a detener a Leví, bajo qué tipo de delito se le acusa nuevamente”.
Ariela González,
Abogada de FESPAD.
Por su parte, Silverio Morales, dijo que llegó a “pensar lo peor”, en cuanto a su liberación, ya que, hasta la fecha se desconoce bajo que nuevos cargos lo han detenido.
Peticiones
Ante la recaptura del joven de 22 años de edad, quien se dedicaba a la agricultura, piden a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) solicite el informe al Tribunal Especializado Contra el Crimen Organizado de Santa Ana sobre el cumplimiento de la orden de libertad de Levi César Morales.Así mismo, que pidan informe al Centro Penal de Usulután sobre el cumplimiento de la orden girada por la PDDH y además, que proceda a realizar una inspección en el centro penal donde se encuentra recluido con el fin de constatar su situación de vida.
A la FGR que revise la razón de por qué no se ha dado cumplimiento a la orden de libertad que la misma institución solicitó a favor del joven Morales.
Al Tribunal Especializado Contra el Crimen Organizado de Santa Ana que cumpla su resolución de fecha 20 de noviembre y que verifique la inmediata liberación de Morales la reunificación con su familia.
También, pidieron al Comisionado Presidencia de Derechos Humanos, Dr. Andrés Guzmán, que interponga “sus buenos oficios para constatar las irregularidades derivadas del incumplimiento de la orden judicial de libertad”.
Al órgano Ejecutivo que pueda revisar la situación denunciada para corregirla y, además, pueda tomar las providencias necesarias y que casos como estos no si sigan dando”.
Las organizaciones que acompañaron a Morales fueron la Mesa por la Soberanía Alimentaria, el Movimiento Indígena para la Integración de las lucas de los Pueblos Ancestrales de El Salvador (MILPA), la Asociación de Estudiantes de Derecho (AED), la Mesa Permanente por la Justicia Laboral y la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD).
El joven indígena de 22 años de edad, fue capturado por efectivos de la Policía Nacional Civil (PNC) el 11 de noviembre de 2022, en la colonia La Montañita 1 cantón El Cerrito, mientras se dirigía a lavar unas jícamas que habían producido, ya que en su vivienda no cuentan con agua potable.
El régimen de excepción fue aprobado por la Asamblea Legislativa el 27 de marzo de 2022, luego de que una ola de asesinatos ocurriera en un fin de semana y hasta la fecha ya van más de 20 prórrogas de esta medida, la cual ya dejó más de 73,800 supuestos pandilleros capturados, pero también más de 7,000 personas perfiladas como mareros han sido liberadas por falta de pruebas en procesos legales.