La exdiputada del FMLN, Lorena Peña, reaccionó y calificó de “sentencia eminentemente política" el fallo judicial de este martes en el que ella y su hija Ana Virginia Guardado Peña, fueron condenadas por enriquecimiento ilícito, así como de ser inhabilitadas para ejercer cargos públicos por 10 años.

La exdiputada declaró a través de un audio compartido a Diario El Mundo que el dictamen de los jueces “no es apegado a derecho” y aseveró que tanto ella como su hija se encuentran “frente a una sentencia eminentemente política”.

“Desde el inicio del juicio, nuestra defensa demostró que la demanda era improponible, dado que los fondos cuestionados no son públicos, sino de origen privado”, dijo la exdiputada del FMLN.

Peña también enfatizó que durante todo el proceso judicial la Fiscalía General de la República (FGR) no demostró de manera clara y concisa el aumento de patrimonio tanto de ella como de su hija.

“Su mismo perito reconoció en la audiencia que, en mi caso, los fondos provienen de la Secretaría de Cultura del FMLN, la cual dirigí durante años, y en el de mi hija, aceptó verbalmente que su empleador respaldó haberle otorgado los fondos señalados”, aseguró.

Tras estos argumentos sobre la fuente de los ingresos, los cuales según ella demuestran “el origen licito” del dinero, Peña aseguró que la resolución de la Cámara “se apegó a un criterio político para emitir este fallo”.

También reiteró que tanto ella como su hija son víctimas de una persecución política por parte del actual gobierno, pues asegura que ambas son inocentes y que los montos de dinero por los cuales se les condenó son de ingresos lícitos.

El Caso

Este martes la Cámara Primera de lo Civil de la Primera Sección del Centro de San Salvador condenó a la exdiputada del FMLN, Lorena Peña y a su hija Ana Virginia Guardado Peña, por el enriquecimiento ilícito de $150,762.86

Un magistrado de la Cámara dijo que encontraron enriquecimiento ilícito por un monto de $133,746.60 en el caso de la exdiputada del FMLN, Lorena Peña, y $17,016.26 en el caso de Ana Virginia Peña.

Según la demanda, las inconsistencias eran movimientos financieros, compra de inmuebles o pagos de algunas obligaciones financieras, y que eran desproporcionadas con los ingresos legítimos de ambas demandadas.