La jueza Primera de Instrucción de San Salvador envió este miércoles a juicio al exdiputado de Alianza Republicana Nacionalista (Arena), Alberto Armando Romero Rodríguez, por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

La jueza argumentó que existen elementos probatorios suficientes para que sean analizados en una vista pública, que podrían configurar enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. Ambos delitos habrían sido cometidos entre el 1 de mayo de 2009 y el 31 de octubre de 2022. 

En total,  la Fiscalía General de la República cuestiona a Romero $1,189,836.07, como enriquecimiento ilícito y dentro de esa cifra,  $142,942.62 que eran descontados en planilla a funcionarios y empleados de la Asamblea Legislativa en calidad de una supuesta aportación partidaria, y que, posteriormente fueron trasladados a cuentas del exdiputado tricolor. 

Entre las pruebas admitidas por el juzgado a la Fiscalía está información del partido Arena, quien respondió que Romero no tenía facultades para recibir aportarciones partidaria a su nombre; entre las pruebas admitidas también figuran declaraciones de dirigentes de Arena, como el actual presidente del Consejo Ejecutivo Nacional (Coena), Carlos García Saade, y las cuales serán discutidas en una vista pública.

La jueza añadió que existen indicios del delito de lavado de dinero luego que supuestamente los fondos que Romero recibió provenientes de la Asamblea Legislativa fueran utilizados con pagos de adelantos de salarios, préstamos, seguros de vida, transferencia a su esposa y transferencias a otras cuentas del exdiputado, además, de supuestamente utilizarlas para la compra de vehículos.

La jueza señaló que el delito de lavado de dinero parte del delito de enriquecimiento ilícito y este podría ser la actividad generadora.

La semana anterior, al finalizar la audiencia preliminar el defensor de Romero, Fernando Meneses, declaró que las pericias de la Fiscalía habían demostrado la inocencia de su defendido y además, había solicitado una auditoría financiera contable que acredite la trazabilidad económica de los ingresos y egresos de los descuentos de los empleados de la Asamblea.

La jueza resolvió que Romero siga detenido a pesar de la solicitud de medidas alternas a la detención con causión de $15,000 que la defensa había propuesto. La juzgadora también rechazó la petición de la Fiscalía de poner reserva al caso.

El exdiputado Romero estuvo presente en la lectura del fallo de la audiencia preliminar, sin embargo, no quiso hablar al momento que la jueza le dio la palabra. El Centro Judicial Isidro Menéndez dispuso como norma para la cobertura del fallo que los periodistas podían ingresar sin teléfonos celulares a la sala de audiencia.

Alberto Romero fue arrestado el 23 de agosto de 2023, supuestamente por el delito de resistencia agresiva, y estuvo retenido en la Asamblea Legislativa mientras el pleno desarrolló el proceso de desafuero.

El fuero constitucional fue retirado hasta el 1 de septiembre con 78 votos a favor, dando paso para ser procesado por los delitos antes mencionados.

Su captura oficial por los delitos acusados fue realizada ese mismo 1 de septiembre, en la noche, y puesto a orden de la Policía Nacional Civil.