Desde que se interpuso la denuncia por la masacre de El Mozote, en 1990, hasta la fecha han fallecido más de 115 víctimas en espera que se haga justicia, informó David Morales, abogado y acusador particular, sobre los registros que contabiliza la Asociación Promotora de Derechos Humanos de El Mozote (APDH).
Morales asegura que solo en los dos últimos años han fallecido más de 15 víctimas, quienes murieron a la espera de justicia por la masacre de sus familiares, ocurrida en diciembre de 1981. Añade que las recientes diligencias de investigación, como la orden de captura contra el expresidente Alfredo Cristiani, y exdiputado, entre ellos, Rubén Zamora, dilatará la justicia anhelada.
“Este tipo de criterios dilatorios, solo están impidiendo el acceso a la justicia de las víctimas, hemos contabilizado preliminarmente junto con con la Asociación Promotora de Derechos Humanos de El Mozote, que alrededor de 115 víctimas familiares han fallecido sin conocer la justicia desde que se abrió la denuncia o se presentó la denuncia en 1990”, aseguró Morales a Diario El Mundo.
La más reciente muerte de los sobrevivientes de El Mozote es la de Mauricia Claros de Martínez, quien era hija de una víctima de la matanza, y abuela del presidente de la Asociación Promotora de Derechos Humanos de El Mozote, Leonel Claros, quien en diciembre del año pasado dijo a Diario El Mundo, que en el último año murieron 25 sobrevivientes, a la espera de justicia.
Lamentó que el caso no haya llegado a su final para que los denunciantes de la década de 1990 vieran justicia, tal es el caso de Pedro Chicas, César Martínez y don Álvaro Martínez, cuyos testimonios constan en el proceso penal.
Morales destacó la muerte de las víctimas de la masacre, al hacer una valoración sobre que la jueza instructora que conoce el caso haya incluido en el proceso al presidente de la República, Alfredo Cristiani, y diputados que aprobaron la Ley de Amnistía, bajo el delito de encubrimiento personal a los implicados en caso.
“También tenía (la jueza) la potestad de decidir remitir esta situación a la Fiscalía para profundizará esas investigaciones, claro, tiene potestades para hacerlo oficiosamente, y hacerlo dentro de la causa de El Mozote, pero creo que esto solo tendrá impacto dilatorio que va a ir retrasando más la instrucción penal”, aseguró David Morales, jefe jurídico de Justicia Tradicional de Cristosal.
Sostiene que las diligencias retrasa la posibilidad de elevar el caso a la etapa plenaria o de sentencia. Recordó que desde la salida del juez Jorge Guzmán, hace dos años cuando fue cesado, quien era el instructor del caso, no se han hecho diligencias judiciales de avance.
Un segundo caso.
En diciembre, la jueza del caso El Mozote ordenó capturar al expresidente Alfredo Cristiani y a los exdiputados de 1993 por supuestamente cometer encubrimiento en el caso, al aprobar la Ley de Amnistía General.Sobre estas detenciones, Claros opinó a finales de diciembre que la jueza debería abrir un segundo caso sobre la masacre de El Mozote y ordenar capturas pero contra todos los encubridores.
“Deberían hacer un caso aparte, como que se abra un juicio El Mozote 2, para que vayan las personas encubridoras, donde deberían ir las autoridades actuales, digamos, por encubrir el tema de los archivos militares, el ministro de Seguridad, el presidente de la República, con una orden judicial de poderlos capturar”, sostuvo Claros.
Desequilibrio e imparcialidad.
Morales aseguró que en el caso existe una “desequilibrio” o una “evidencia de parcialidad”, ya que las capturas ordenadas contra civiles y no contra los militares ejecutores de la masacre y los de la cadena de mando.“Los principales en el proceso no reciben detención, se estará soslayando la cadena de mando y por tanto, nos parece que esto también es preocupante y afecta el avance de justicia en este caso”, dijo Morales.
Agregó que la jueza acusó a los civiles por actos de encubrimiento, pero Morales también ejemplificó el bloqueo al acceso de los archivos militares ordenados en la actual administración de Bukele, bloqueos que originaron avisos ante la Fiscalía, pero que hasta la fecha no conocen ninguna línea de investigación.
