Según las estadísticas compartidas, el 97.5 % fueron detenciones arbitrarias, 25 % allanamiento de moradas y un 10. 3 % eran malos tratos. La mayoría de los denunciantes son personas entre los 18 y 30 años de edad y los victimarios generalmente han sido los agentes de la Policía Nacional Civil, en un 75 % de las denuncias que llegaron a Cristosal.
En todo el año, esta organización registró la muerte de 11 personas detenidas en el régimen de excepción.
De las personas detenidas, cuyos casos están documentados, 249 tienen enfermedades crónicas y 53 son personas con algún tipo de discapacidad.
Además, 328 tienen algún antecedente penal o policial y 186 fueron detenidas por llamadas anónimas.
En más de 100 casos, los familiares no conocían el lugar en el que se encontraba detenida la víctima, al momento de denunciar ante la organización.
Además, Cristosal atendió a 349 personas en condición de desplazamiento forzado interno por violencia durante el régimen de excepción. La mayoría de hechos cometidos por las pandillas y otro porcentaje por la Policía.
El Gobierno salvadoreño ha rechazado las vulneraciones a los derechos humanos acusados por organizaciones nacionales e internacionales, cometidas a menos de policías y elementos de la Fuerza Armada.
La nueva prórroga del régimen de excepción vence el próximo 17 de enero y el Gobierno ya adelantó que volverá a pedir otra extensión a la Asamblea Legislativa.