El Instituto de Bienestar Animal (IBA) atendió 483 casos de maltrato animal desde junio de 2022 hasta mayo de 2023, según la última memoria de labores publicado por el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), entidad a la está adscrito.

De los más de 400 casos atendidos en un año por el IBA, siete fueron problemas entre vecinos, 50 fueron ataques, mientras que el 56.9 % de las situaciones asistidas estaban relacionadas con el maltrato animal directamente.

Los casos de maltrato animal fueron registrados en todos los departamentos del país, sin embargo, cinco de cada 10 casos fueron detectados en San Salvador; mientras que un 19 % de las denuncias ocurrió en La Libertad.

Desde sus inicios, el IBA trabaja de la mano con las municipalidades para atender las denuncias que se realicen y de la Policía Nacional Civil (PNC) a través de la unidad de Polipet.

Según el MAG, el 80.7 % de las atenciones se dieron directamente del Instituto, mientras que el resto fueron apoyadas por las alcaldías municipales.

Uno de los últimos casos de maltrato ocurrió la semana pasada cuando el presidente del IBA, Guillermo Hasbún, indicó que una persona atacó a dos perros a machetazos y le provocó la muerte a uno de ellos; el cuerpo del animal quedó a la orilla de un río.

Realizan necropsias.

El Instituto también realizó y acompañó necropsias y peritajes forenses con el objetivo de “verificar las denuncias ciudadanas sobre el maltrato animal” para conocer las causas y seguir con el proceso.

De junio de 2022 a mayo de 2023, se realizaron cinco necropsias, detectándose fallecimientos por asfixia mecánica, heridas corto contundentes por arma blanca, contusión profunda, heridas de proyectil con armas de fuego y heridas corto contundentes por arma blanca.

Realizan peritajes.

También, se atendieron cinco casos de peritaje, detectándose un fallecimiento por traumatismo en atropello y cuatro tras ser atacados con arma blanca.

La ley señala que, cuando se detecten casos de maltrato animal, se sancionará con penas de dos a cuatro años de prisión; sin embargo estas pueden incrementarse.

Si el animal muriese, el agresor deberá pagar de tres a cinco salarios mínimos del sector comercio, y se le prohibirá tener animales y por el mismo plazo o inhabilitación con referencia a aquellos que ejerzan profesiones y oficios relacionados con los animales.