Bajo el lema “Cabañas y El Salvador libres de minería", cerca de 500 personas caminaron, reafirmando su lucha con la protección de los recursos naturales, no solo en dicho departamento, sino también en todo el país.
Una de las personas que recorrió las calles de Cabañas fue la lideresa ambiental, Vidalina Morales. “Tenemos que informarnos sobre los impactos que pueden ocasionar proyectos mineros en un territorio como El Salvador. Somos un país densamente poblado, con una crisis hídrica y problemas ambientales, y la minería vendría a profundizar esta crisis”, manifestó.
En El Salvador, la minería está prohibida desde el año 2017, tras la aprobación unánime de la Asamblea Legislativa el 30 de marzo de dicho año, luego de un largo debate entre los diputados de la legislatura de ese momento. Sin embargo, organizaciones ambientalistas expresan su preocupación ante la posibilidad de que el actual gobierno reactive la minería en el país.
“Siete años de ese gran consenso nacional, El Salvador se dio cuenta de que no es viable la minería en este país, y, con las amenazas que hoy tenemos de que se puede revertir esa ley a través de otros mecanismos, como la minería metálica, en ese sentido, uno de los indicios es la detención de los líderes de Santa Marta, y eso solo viene a reafirmarnos de que estamos en un serio riesgo de que se pueda reabrir estos proyectos de muerte", manifestó el vocero de ADES Santa Marta, Alfredo Leiva.
Durante la actividad, se realizaron diversos actos artísticos, así como la creación de altares significativos en memoria de tres activistas ambientales que fueron asesinados en el 2009, previo a la aprobación de la ley en el año 2017. Marcelo Rivera, Dora Santos y Ramiro Rivera son considerados mártires ambientalistas por la comunidad.
Las organizaciones ambientalistas hacen un llamado al gobierno y a la sociedad salvadoreña a mantener la prohibición de la minería metálica en El Salvador.
De igual forma, exponen ante la Fiscalía General de la República (FGR) a que ponga fin a la persecución de los activistas de Santa Marta y ADES. Actualmente seis miembros de la comunidad enfrentan un proceso judicial por el asesinato de una mujer durante el conflicto armado, la comunidad cree que el proceso es para detener la lucha ambiental.
Asimismo, solicitan a la Asamblea Legislativa que entró en vigencia este 1 de mayo a que se abstengan de derogar o reformar la ley que prohíbe la minería, así como de aprobar proyectos de ley relacionados con la industria minera.
