Explicó que los casos se registran a nivel nacional, pero en su mayoría en zonas densamente pobladas, como la zona metropolitana de San Salvador, y el occidente del país, y aclaró que del total, unas 500 son por causas de cambio climático y el resto por violencia.
“Tenemos más de 900 personas desplazadas en general, un 50 % ha sido por cambio climático, y el resto, digamos unas 490 más o menos, que han sido desplazadas por violencia, entre enero y el 15 de junio”, afirmó Rina Montti.
Violencia.
Aseguró que el 80 % de los casos de desplazamiento forzado a causa de la violencia en el país son cometidos por pandillas, y de ese porcentaje, un 4 % a 7 % son cometidos por agentes del Estado.
Régimen de excepción.
Desde el inicio de la aplicación del régimen de excepción, es decir, desde el 26 de marzo hasta el 15 junio, Cristosal reporta 85 personas que han sido víctimas del desplazamiento forzado interno.De ese número de personas, 50 son mujeres y 35 hombres; de ese mismo total unos 34 son niños y niñas, adolescentes, y 51 son personas adultas. Así mismo, indican que el 14.1 % corresponde a población LGBTIQ+.
“La mayor parte están reportando amedrentamiento y amenazas, como parte de los detonantes de los desplazamientos forzados...vemos que la mayor parte de ellos están siendo desplazados por acciones específicamente vinculadas a las pandillas, mayoritariamente de la MS-13 y el Barrio 18”, aseguró Rina Montti.
Causas.
Cristosal detalló que el origen de la mayoría de los casos, en un 24.3 % son por amenazas, un 23 % por amedrentamiento, un 8.8 % corresponde a un homicidio de un familiar, un 7.4 % a hechos de violencia por orientación sexual, un 5.4 % por identidad sexual, por violencia intrafamiliar un 4.1 % , y un 2.7 % por desaparición de familiares.Montti dijo que los casos de desplazamientos forzados han disminuido en el periodo de régimen de excepción, en comparación a los registrados en los primeros tres meses del año, cuando no estaba en vigencia la suspensión de garantías constitucionales.
Ante esa disminución, aclararon que las denuncias se siguen manteniendo bajas, ya que solo registran un 28.3 % de la víctimas que se acercaron a una instancia estatal, aseguran se debe a la poca confianza de las instituciones.
“El porcentaje de denuncias se mantiene muy bajo y esto probablemente también está señalando falta de confianza en el Estado en que haya una resolución por parte del Estado y obviamente también tiene como implicaciones que hasta la fecha no hay leyes o programas integrales que estén a atendiendo a las víctimas”, dijo Montti.