La Fiscalía pidió la detención del general y exministro de la Defensa, José Guillermo García, además del excoronel Sigifredo Ochoa Pérez, al entonces comandante de la Quinta Brigada, Napoleón Alvarado; al jefe del Estado Mayor, Rafael Flores Lima y del exgeneral y jefe de la Fuerza Aérea, Juan Rafael Bustillo.
También pidió la detención del teniente coronal Domingo Monterrosa Barrios, sin embargo, murió en 1984.
En el comunicado, la Fiscalía pidió la detención de los exmilitares por los delitos de asesinato, actos de terrorismo, daño agravado, robo y privación de libertad, ocurrido el 22 de agosto de 1982, cuando ocurrió la masacre, en San Esteban Catarina.
“En donde fuerzas militares en el marco de un operativo de contra insurgencia asesinaron a más de 200 personas entre mujeres, ancianos y niños a quienes acusaban de ser colaboradores de la guerrilla”, apunta la Fiscalía.
El hecho
La masacre El Calabozo se perpetró durante el operativo militar denominado “Teniente Coronel Mario Azenón Palma” desde el 17 al 25 de agosto de 1982 en los municipios de San Esteban Caterina, San Lorenzo, Santa Clara y otros aledaños.
De acuerdo al informe de la Comisión de la Verdad “De la locura a la esperanza”, dice que existen pruebas “suficientes” que el Batallón Atlacatl, el 22 de agosto de 1982, dio muerte “deliberadamente” a más de 200 civiles, hombres, mujeres y niños, que habían apresado sin resistencia. Dice que las autoridades salvadoreñas han negado el hecho y que a pesar que dijeron haber investigado, no existe rastro de dicha investigación.
El 23 de enero del 2020, el Instituto de Medicina Legal entregó los restos de seis personas asesinadas en dicha matanza.
"Eso no se olvida, nosotros pedimos justicia, reparación y verdad, ellos han matado ancianos, mujeres embarazadas, ellos los masacraron de por gusto. Nosotros no éramos guerrilleros como nos acusaban", dijo a los medios, Maria Berta Relajeño Bonilla, una de las familiares de las víctimas el día de la entrega de las osamentas.