“Ante un proceso de 42 años de impunidad, queremos justicia", era la consigna que repetían los asistentes y habitantes de la zona, mientras realizaban una caminata desde la salida del municipio de Arambala hacia el caserío El Mozote.
El presidente de la Asociación de Derechos Humanos de las Víctimas del Mozote, Óscar Leonel Tobar, destacó el trabajo de las víctimas y familiares de los afectados por la masacre, al seguir su lucha.
"Han sido 42 años de lucha, de percances, pero que las víctimas han tenido la valentía de salir adelante", sostuvo.
“Las víctimas de El Mozote seguimos pidiendo justicia. Todas las personas que murieron están esperando justicia, sobre este caso, en este lugar donde hubo tanta sangre derramada, ya basta de querer opacar la historia y lo que aquí sucedió", señaló Leonel Tobar.
A su vez, Tobar pidió justicia por las demás masacres que ocurrieron durante el conflicto armado y continúan sin una resolución judicial.
A la conmemoración asistió la procuradora de Derechos Humanos, Raquel Caballero de Guevara, quien destacó la deuda del Estado salvadoreño por el reparo moral y de justicia hacia las víctimas.
"El Estado salvadoreño persiste en su deuda histórica transgeneracional con las víctimas. Quiero hacer un llamado al Ministro de Gobernación, como responsable, que el programa de reparaciones en el caso de la masacre de El Mozote y lugares aledaños a qué conjuntamente con los titulares de las demás carteras de Estado trabajen por reparar la moral y un hecho como este no vuelva a suceder", declaró Guevara.
Estancamiento judicial
El acusador particular del juicio de El Mozote y abogado de Cristóbal, David Morales, explicó que el Juzgado de Instrucción de San Francisco Gotera realiza diligencias sin notificar a las partes procesales sobre la realización de estas actividades."El caso de El Mozote es un caso con una prueba muy fuerte científica, forense, penal. Desde hace dos años que el juez Guzmán (del Juzgado de Instrucción de San Francisco Gotera) el caso presenta un estancamiento, en el cual, realizan algunas actividades que son dilatorias y no profundizan la investigación. Intentan buscar información sobreabundante, es decir, que ya están probados en el proceso y esto genera violaciones al debido proceso", sentenció Morales.
El abogado detalló que hasta la fecha han declarado alrededor 80 testigos, entre familiares de victimas y sobrevivientes de la masacre. "Se han rendido en el tribunal a presencia e interrogatorio de las partes técnicas, es una prueba muy sólida", agregó el abogado.
Por último, Morales denunció que el juzgado ha impedido revisar el expediente judicial bajo argumentos que éste se está reorganizando.
"Hasta hace pocas semanas que hemos podido tener acceso (al expediente) y nos damos cuenta que no existe ningún registro de investigaciones, para profundizar la responsabilidad de los militares implicados. Es una situación muy preocupante" finalizó.
El Estado de El Salvador estableció, en 2017, que al menos 988 personas, entre ellas 558 niños, fueron asesinadas en El Mozote y las comunidades adyacentes.
Otras 712 personas que sobrevivieron al ataque abandonaron la zona. El conflicto en El Salvador dejó más de 75,000 muertos, al menos 7,000 desaparecidos y miles de desplazados.
