En su resolución, ayer, la jueza argumentó que Funes, en calidad de presidente de la República, era el responsable de las políticas de seguridad, no solo de conocerlas sino de aprobarlas a sus designados en las carteras de estado.
“Durante fue presidente y en esa calidad tenía facultades y obligaciones en temas de seguridad pública, con capacidad de dirección”, aseguró.
Añadió que la tregua permitió: “Desde altos puestos de Gobierno, a través de mediadores, (la tregua) sirvió para fortalecer a las estructuras delincuenciales con medios económicos como vehículos, negocios de apariencia ilícita, compra y venta de armas”, dijo la jueza y añadió que Funes tiene calidad de autor porque facilitó la permanencia de las maras y su mayor presencia, dominio y control en el país.
El defensor de Funes, Mauricio Pineda, un abogado de la Procuraduría General de la República, pidió que se exonerara al exgobernante por prescripción de los delitos; sin embargo, la jueza señaló que la Fiscalía había acusado el caso antes que los delitos vencieran.
Los fiscales del caso evitaron hablar con periodistas a cerca del caso. / Emerson Del Cid
La jurista sostuvo que Funes no pudo ser notificado para que compareciera a la audiencia, pero que era de su conocimiento que él sabía de la diligencia por lo publicado en redes sociales.
“Él ha estado conocedor no solo de este proceso, sino del resto, él a través de las redes sociales ha estado haciendo alusión, nosotros tenemos esas publicaciones con fecha, guardados”, aseguró la jueza.
Nueva orden.
En su fallo, la jueza mantuvo la medida de prisión preventiva para Funes y giró una nueva orden de captura porque “evade la justicia” y evita “responder por los delitos acusados”.El expresidente reside en Nicaragua desde 2016, cuando la Fiscalía empezó a investigarlo por irregularidades en su mandato; desde entonces pidió asilo político en ese país y bajo esa calidad, se acogió a la protección del régimen de Daniel Ortega. Luego, él y su núcleo familiar obtuvieron la ciudadanía nicaragüense y bajo ese amparo, se arropó en las leyes de ese país, que no entregan a sus ciudadanos en procesos de extradición.
Ante la falta de notificación, la jueza pidió a la Fiscalía que a través de la oficina internacional se publique un edicto en un periódico de circulación nacional en Nicaragua. En ese país, no hay periódicos impresos debido a que el régimen de Ortega los ha cerrado.
Aunque el caso no tiene reserva, ayer la jueza no permitió que los periodistas accedieran a la sala de aucencias para escuchar, a petición de los fiscales del caso.
A la salida, los fiscales tampoco quisieron explicar la resolución a los periodistas, ni el defensor del expresidente prófugo en Nicaragua.
El dato
El caso se acumulará al mismo proceso que se lleva contra David Munguía Payés, exministro de Seguridad, en el Tribunal Especializado de Sentencia C, de San Salvador.
Foto: Emerson Del Cid