“La prolongada e indebida ocupación del Campus Central ha interferido el desarrollo científico y cultural; el sistemático incumplimiento en la transferencia del presupuesto acordado por ley está afectando la reanudación de clases presenciales y el inicio del primer ciclo académico 2024”, expone el comunicado difundido el sábado 10 de febrero.
Los firmante del comunicado son: Visión Académica, Colectivo de Profesionales Consecuentes, Colectivo de Derechos Humanos "Herbert Anaya", Fuerza Estudiantil Salvadoreña (FES), Universitarios por la Democracia (UXD) y el Movimiento Universitario de Pensamiento Crítico.
Según la misiva, el campus universitario está siendo utilizado para actividades ajenas a actividades académicas, porque aseguran que interfiere con el adecuado inicio del semestre académico que corresponde al ciclo I-2024.
“En este momento, sin ninguna consideración ni diálogo con las diferentes instancias de decisión de la Universidad, se ha tenido noticia por redes sociales, que el Tribunal Supremo Electoral ha ocupado las instalaciones para albergar a centenares de personas, sin estar circunscrita esta intervención en ningún tipo de convenio o planificación previa del proceso electoral”, señala la misma carta.
Problemáticas
De acuerdo a los miembros de la universidad, actualmente se reportan cuatro “graves” problemáticas que comprometen al desempeño académico e institucional, uno es la utilización del campus universitario.Otro de los inconvenientes mencionados es el retraso en la adecuación de las instalaciones de la universidad, debido a la realización de los Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe 2023, en el cual los edificios tuvieron que ser modificados para servir como habitaciones de los atletas participantes siendo imposible reanudar las clases presenciales, luego de cuatro años de semipresencialidad.
De igual forma, aseveran que la falta de cumplimiento en el pago del presupuesto anual “atenta contra la capacidad de la universidad para desarrollar con pertinencia y normalidad los programas educativos, de investigación y de extensión, afectando gravemente la formación profesional y su aporte social”, señala el comunicado.
Ayer, la Asamblea General Universitaria (AGU) manifestó que el Estado salvadoreño adeuda más de $48 millones desde 2022 con respecto al monto anual que le corresponde de acuerdo a la Ley del Presupuesto General de la Nación.
En 2022, la deuda del Estado con la UES era $16,001,131.11; mientras que el impago de 2023 alcanzó los $27,195,192.13; y durante enero del 2024 la deuda es $4,932,145, siendo un total de $48,128,468.24. En ese sentido, la institución enfatizó que esta deuda financiera les impide continuar de manera regular y total con el funcionamiento de las instalaciones y los procesos académicos.
La misiva expone que existe un interés de intervenir la Universidad de El Salvador, similar a los años del conflicto armado con el fin de “destruir la institucionalidad académica", indica el comunicado.
La UES suspendió clases presenciales en marzo de 2020, ante la emergencia del covid-19, y desde entonces es la única universidad que no retorna a la “normalidad”.