A preguntas de su abogado defensor, David Ramírez, el exministro aseguró que en 2012 realizó un contrato de compra venta a su hija de un terreno ubicado en los Planes de Renderos, valorado en $20,000, que sería pagado como ella pudiera.
Explicó que la hija, Blanca Patricia Molina Munguía, nunca le pagó, al fin y al cabo era su hija, y qué terminó haciendo un traslado del terreno. También dijo que le hizo un abono de $14,0000 a una cuenta bancaria, pero que dichos fondos provenían de su salario y de su pensión. Explicó que los abonos los realizaba mensualmente, a partir de su salario que rondaba los $3,500 y $2,800 de pensión.
Los abonos a las cuentas bancarias era para la construcción de un vivienda en el terrero, sin embargo, explicó que la hija desistió de la construcción debido a que los trabajos de terracería resultaron muy caros, y terminó vendiendo el terreno para comprar otro terreno en Nuevo Cuscatlán. El nuevo terreno le costó a su hija $92,000, que fue comprado con el dinero de la venta del antiguo terrero, el dinero prestado por él, y un préstamo que habría realizado el esposo de su hija.
El exfuncionario aseguró que dentro del dinero con el que compraron el nuevo terreno está lo recaudado en la fiesta de boda de su hija, que fue un total de $15,000 de regalos de sobre.
Sobre lo declarado por Munguía Payés, la Fiscalía insistió que si el terreno que le vendió a su hija fue declarado ante la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia, a lo que respondió que "debí haberlo declarado".
La fiscal en su interrogatorio le preguntó al exministro si mintió en su declaración, haciendo referencia a un incremento patrimonial injustificado, pero la pregunta fue declarada no ha lugar.
El defensor de Munguía Payés, David Ramírez, aseguró que con la declaración se estableció que la "adquisición del inmueble y la construcción de la vivienda por parte de la hija, no tienen nada que ver con fondos que están siendo cuestionados, la ayuda que él le brindó provenía únicamente y exclusivamente de su salario y pensión, que son fondos que él obtuvo por su trabajo y por el tiempo que estuvo en el servicio de la Fuerza Armada, y por tanto no se puede cuestionar que venga de un origen lícito.
La Fiscalía busca que nueve inmuebles pasen a nombre del Estado, tres vehículos y 11 saldos en productos financieros, ya que sostiene que fueron obtenidos de manera injustificada, y derivan de actos de corrupción y lavado de dinero, durante su paso por el gobierno del FMLN, entre 2009 a 2019.
Los bienes e inmuebles están ubicados en diferentes puntos de San Salvador, La Libertad, entre ellos, un rancho de playa en el municipio de Tamanique. Todos los bienes e inmuebles están incautados o bajo medidas cautelares desde noviembre del 2020, bajo la administración del Consejo Nacional de Administración de Bienes (Conab).
De un total de 50 testigos que declararán en la audiencia de sentencia, únicamente falta que declaren tres. La audiencia entró en receso y se retomará este miércoles a las 10:00 de la mañana.