Ocho de los 11 procesados en el caso “Saqueo Público”, enfrentan la audiencia preliminar en arresto domiciliario desde julio de 2020 por resolución de la Cámara Primera de lo Penal de San Salvador, excepto la exprimera dama de la República, Vanda Pignato, que desde el 28 de septiembre del 2018, goza de esa medida por resolución de la Cámara Segunda de lo Penal “por razones humanitarias”.
En esa ocasión Pignato se encontraba ingresada en el Policlínico Arce del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), por su reciente padecimiento de cáncer.
Los otros siete son: el exsecretario de Comunicaciones, David Marciano Rivas; Luis Miguel Ángel García, papá de militar del batallón presidencial; Ana Elizabeth Coto, exsecretaria del secretario privado de Mauricio Funes; Francisco Rodríguez Arteaga, exjefe de la Unidad Financiera de Capres; Jorge Alberto Herrera Castellanos, exjefe de Tesorería de Capres; Rigoberto Palacios, exjefe de Contabilidad de Capres; y Jorge Alfredo de Jesús Rodríguez, exrepresentante de Agrosuministros.
En tanto, el empresario José Miguel Menéndez, conocido por “Mecafé”; Pablo Gómez excontador Presidencial, que también fue condenado a 16 años de prisión por el proceso del expresidente Antonio Saca, y Juan Carlos Guzmán Verdugo, suegro del expresidente Funes, permanecen en detención. Este último sigue la audiencia preliminar de forma virtual desde el penal de Máxima Seguridad en Zacatecoluca, donde fue trasladado tras su extradición de Costa Rica.
Cuatro años en casa.
En el caso de la exprimera dama Pignato, su abogado Reymundo Rosales, lamentó que ya cumplió cuatro años de estar en arresto domiciliario “y el problema que no es como cuando a una persona le decretan detención que se le pueden sustituir las medidas”.Rosales agregó que a Pignato desde “un inicio se le privó de libertad y no existe forma de poder solicitar una medida diferente al arresto domiciliar”.
“Después de cuatro años que no existe un pronunciamiento definitivo, es una situación que le afecta su salud tanto física como emocional”, dijo el abogado. El profesional no detalló sobre la situación de salud o económica que atraviesa la exprimera dama, sin embargo, aseguró que está en incertidumbre.
En su condición, Pignato no puede moverse de su residencia sin la autorización judicial debidamente justificada, a eso se suma que vive sola en su vivienda, según el jurista.
“Estar en esa incertidumbre, eso nos lo traslada a nosotros sus defensores... nos pregunta ¿cuándo vamos a tener una respuesta?, ella dice que quiere saber qué va a ocurrir, a ella se le nota esa disconformidad que se le ha dado al proceso así como el alargamiento”, dijo Rosales.
Después de cuatro años que no existe un pronunciamiento definitivo, es una situación que le afecta su salud tanto física como emocional". Reymundo Rosales, defensor de Pignato
Pignato ha rehusado en todo el proceso judicial dar declaraciones a los periodistas sobre su apreciación en la acusación y siempre ha remitido a sus abogados para que se refieran a su situación legal.
Exempleados.
En tanto, en el caso de los exempleados de Casa Presidencia, Francisco Rodríguez Arteaga y Jorge Alberto Herrera Castellanos, si bien están en arresto domiciliar desde julio de 2020, su situación de salud y económica es complicada; pues hay padecimientos de enfermedades crónicas y no tienen ingresos económicos pues ya no están en edad laboral ni su condición legal se los permite.El abogado Roberto Claros manifestó que al momento, Rodríguez Arteaga y Herrera Castellanos, se encuentran en arresto domiciliar por beneficio penitenciario por tener más de 60 años de edad y haber purgado un tercio de la pena en el proceso conocido como “Destape a la corrupción”, en el que se condenó al expresidente Antonio Saca.
“Francisco Rodríguez goza de esa medida desde febrero de este año tras haber cumplido cinco años y dos meses de estar cumpliendo pena”. La misma medida le fue impuesta en el caso de Saqueo Público, tras haber cumplido dos años de detención provisional, sin conocer una sentencia.
Ambos exempleados de Casa Presidencial tienen sus cuentas congeladas por los procesos penales y dependen de sus familias.
Acusados presentes
1. Vanda Pignato, exprimera dama.2. David Rivas, exsecretario de comunicaciones de Capres.
3. Luis Miguel Á. García, padre de exmiembro del batallón presidencial.
4. Ana Elizabeth Coto, exsecretaria del secretario privado de Funes.
5. Francisco Rodríguez Arteaga, exgerente financiero de capres.
6. Jorge Alberto Herrera Castellanos, exjefe de tesorería de Capres.
7. Rigoberto Palacios Panameño, exjefe de contabilidad de Capres.
8. Jorge Alfredo de Jesús Rodríguez, representante legal de Agrosuministros.
9. Pablo Gómez, asistente técnico financiero de Capres.
10. Juan Carlos Guzmán Berdugo, suegro de Funes.
11. José Miguel Menéndez, expresidente de Cifco.
