Las organizaciones Cristosal, Fundación de Estudios para la Aplicación del Derechos (FESPAD), Servicio Social Pasionista (SSPAS), Azul Originario (AZO) y el Instituto de Derechos Humanos de la UCA (Idhuca), divulgaron que la denuncia más recurrente es la detención arbitraria por parte de agentes policiales.
Las detenciones arbitrarias suponen hasta más del 70% de las denuncias en algunas oenegés, detallaron en un comunicado, aunque la ciudadanía también ha denunciado allanamientos de vivienda, lesiones, robo e incluso la muerte de una persona bajo arresto.
La Policía Nacional Civil es la entidad más denunciada ante las organizaciones, aunque también señalan de casos de vulneraciones de derechos perpetradas por militares, no facultados constitucionalmente para tareas de seguridad pública.
Los hombres entre los 18 y 30 años son las víctimas en la mayoría de casos, y existen denuncias de casos de lesiones a derechos a menores de 18 años, según el consolidado de las organizaciones. Las denuncias, a su vez, se concentran en el área metropolitana de San Salvador y la zona paracentral del país.
Las cinco oenegés exhortaron a las autoridades a cesar las violaciones a derechos humanos e impulsar políticas integrales de seguridad que no afecten los derechos ciudadanos.
El pasado 24 de abril, la mayoría oficialista en la Asamblea Legislativa aprobó extender la vigencia del régimen de excepción por 30 días más a pedido del presidente Nayib Bukele. El 27 de marzo, el Congreso ya había aprobado la medida.
En el marco de esa medida, en la que se ha suspendido libertad de asociación, derecho de defensa, el plazo de la detención administrativa de 72 horas y la inviolabilidad de la correspondencia y de las telecomunicaciones, las autoridades aseguran haber capturado a “más de 24,000 terroristas".