El Viceministerio de Transporte (MVT) y la Policía Nacional Civil (PNC) establecieron la madrugada de este sábado cinco puntos de control vial en la carretera Litoral y carreteras a las playas de La Libertad como parte de un nuevo cerco antidopaje para frenar a los conductores ebrios e infractores.

Durante este cerco las autoridades capturaron a 11 conductores con altos niveles de alcohol, y 39 más fueron sancionados por conducir tras haber ingerido bebidas alcohólicas y acercarse al nivel máximo permitido.

"Como resultado del Cerco Antidoping desplegado durante anoche y esta madrugada, sacamos de circulación a 11 conductores que presentaron más de 100 mg/dl de alcohol en aire espirado, quienes deberán enfrentar un proceso penal por el delito de conducción peligrosa", señaló el Viceministerio de Transporte en un breve balance de la jornada publicado en la red social X.

Más temprano el director general de Transporte Terrestre, Ismael Flores, también confirmó que "39 personas también que han sido multadas por habérseles encontrado cierto grado de alcohol en la sangre" y aseguró que como parte de estas acciones el Gobierno ha realizado "alrededor de 27,199 pruebas en lo que va el año y con las personas que se han detenido este día llegamos a 1,290 conductores peligrosos detenidos”.

Este sábado los controles fueron instalados en la carretera Litoral, en los sectores de playa San Blas y en el kilómetro 23 y medio, en la zona conocida como “El Faro”, en el municipio de La Libertad, además del kilómetro 12 de la carretera que conduce de San Salvador hacia La Libertad.

El viceministro de Transporte, Nelson Reyes, aseguró que "seguiremos implementando estas medidas para la población pueda movilizarse de manera segura. El llamado a los automovilistas es a que no conduzcan si han ingerido bebidas embriagantes, queremos que lleguen a salvo a casa".

Las autoridades recordaron que la conducción peligrosa y bajo efectos de drogas o alcohol es un delito tipificado en el artículo 147-E del Código Penal, y que en casos graves podrían llevar a los motoristas a penas de entre 2 y 4 años de prisión.