El juez Especializado de Sentencia “A”, Godofredo Salazar, ha conocido y resuelto varios casos que han causado reacciones; desde casos de pandillas, narcotraficantes y blanqueo de dinero el juzgador ha dado sentencias polémicas al cuestionar la prueba que tanto la Fiscalía General de la República y la defensa presentan en los casos del juzgado contra el crimen organizado.

Férreo crítico de la figura del testigo con criterio de oportunidad, el juez conoció el caso denominado “Operación Cuscatlán”, el 12 de diciembre de 2019, en el que condenó a 373 de 426 pandillero, entre ellos cabecillas de la Mara Salvatrucha y les impuso penas de hasta 74 años de prisión.

Las condenas que oscilaban entre 4 y 74 años fueron por los delitos de organizaciones terroristas, agrupaciones ilícitas, homicidio agravado, tráfico de armas y proposición y conspiración en el delito de homicidio agravado. Mientras que 52 imputados fueron absueltos.

En ese juicio, Salazar condejó a tres de los más peligrosos cabecillas de la ranfla nacional de la pandilla MS-13, Borromeo Hernríquez Solórzano “El Diablito de Hollywood” fue condenado a 39 años por coautoría en homicidio, así como Saúl Antonio Turcios “El Trece” y Élmer Canales Rivera “El Crook”, ambos a 60 años de cárcel.

En esa ocasión, el juez fue más allá de la condena a pandilleros o cabecillas y señaló que políticos y exfuncionarios también debieron ser procesados porque videos los mostraban negociando con pandillas.

El juzgador criticó a la Fiscalía: les dijo que debieron incluir en la investigación a exfuncionarios como David Munguía Payés, exministro de Defensa; Howard Cotto, exdirector de la PNC; Arístides Valencia, exministro de Gobernación, entre otros.
“Hay un abanico de delitos que habrían cometido... Fraude procesal, fraude electoral, peculado y lavado de dinero...”, cuestionó Salazar en su momento.

Tregua entre pandillas

El 30 de agosto de 2017, el juez Especializado de Sentencia “A” de San Salvador, dejó en libertad a 18 imputados del caso tregua entre pandillas, porque a su criterio, la Fiscalía General de la República no pudo probar que los acusados fueron los únicos responsables de permitir el ingreso de objetos prohibidos a los centros penitenciarios en la tregua.

En esa ocasión, el juez aseveró que la Fiscalía no probó que Nelson Rauda, exdirector general de Centros Penales; Anílber Rodríguez, exinspector de Centros Penales; junto a nueve miembros del consejo criminológico, autorizaron el traslado de 30 cabecillas de pandillas recluidos en el penal de máxima seguridad, en Zacatecoluca, a cárceles con menos controles.

Entre tanto, el juzgador afirmó que todo lo acontecido en los penales durante la tregua entre pandillas fue del conocimiento del entonces ministro de Justicia y Seguridad Pública, David Munguía Payés, luego ministro de la Defensa Nacional.

Munguía Payés reconoció en el juicio que la tregua se gestó en su despacho, pero se desligó de cualquier ilícito surgido en las cárceles durante el proceso.

Exalcalde de Apopa

Otra de las condenas que dictó el juez Salazar fue la de 12 años de cárcel al exalcalde de Apopa, Elías Hernández, por el delito de agrupaciones ilícitas, el pasado 2 de febrero de 2018.

En su fallo, el juez antimafia dijo que había prueba suficiente que comprobaba que la municipalidad contrató pandilleros y entregó combustibles, líneas telefónicas y financiaba las reparaciones de vehículos de la pandilla con fondos de la municipalidad de Apopa.

También en esa ocasión, reprochó a la Fiscalía General de la República de haberse quedado "corta" para procesar a los imputados por otros delitos.

En su veredicto concluyó que en el juicio no se ventilaron organizaciones terroristas, sino agrupaciones ilícitas y que la pandilla ejerció una acción "rapiñera" sobre la comuna de Apopa.

También el juez reprendió a la Fiscalía tras argumentar que la prueba que planteó contra el exalcalde de Apopa por el delito de homicidio en contra de un trabajador eventual fue incongruente, debido a que el testigo criteriado "Ninja", quien incriminó al exalcalde en el homicidio, fue "escueta" y no concordaba con lo planteado con el testigo clave "Tanque".

En enero de 2018, el juez fue fuertemente criticado porque dejó libres a 30 pandilleros de la Mara Salvatrucha (MS-13) acusados de cometer homicidios y extorsiones en diferentes sectores de los municipios de San Pedro Perulapán y San Bartolomé Perulapía, ambos de Cuscatlán.

El juez sostuvo que los testigos protegidos presentados como prueba por la Fiscalía “no fueron coherentes con su testimonio y además cometieron ilegalidades”. Puntualizó que el testigo criteriado que Fiscalía propuso, ofreció una versión contradictoria, pues declaró haber observado a uno de los imputados en la calle en una fecha en que estaba detenido.

Wilver Rivera Monge y “Repollo”

En julio de 2016, el exjuez del Especializado de Sentencia A encontró culpable de lavar más de $7 millones al exdiputado Wílver Rivera Monge en sus tres cuentas bancarias y no pudo justificar la procedencia del dinero y lo condenó a 15 años de prisión por el delito de lavado de dinero y activos.

Asimismo condenó por la misma pena al narcotraficante Jorge Ulloa Sibrián por el delito de blanqueo de capitales. El hijo del exdiputado, Rivera Sinfontes, también fue condenado a 10 años de cárcel por el mismo delito.

Tras emitir esa condena, el exjuez antimafia, le reprochó a la Fiscalía el no haber profundizado en la investigación de la estructura.