Tres organizaciones de derechos humanos presentaron este martes ante la Fiscalía General de la República (FGR) un escrito para exigir a las autoridades que investiguen sobre el presunto motín, reportado en el penal de Izalco, en Sonsonate, el 8 de enero, que dejó heridos y al menos tres muertos.

El escrito presentado por la Unidad de Defensa de Derechos Comunitarios de El Salvador (Unidech) en conjunto con el Movimiento de Víctimas del Régimen de Excepción (Movir) y el Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular contiene la firma de más de 20 personas que solicitan información de sus parientes recluidos en dicho penal y saber si fueron víctimas de los hechos.

“En este escrito viene documentado 25 casos donde vienen las firmas de las madres, de las representantes de cada uno de estos casos de los procesados. Con estas 25 firmas lo que estamos haciendo es pedirle al fiscal general de la República, Rodolfo Delgado, que bajo esa competencia que la Fiscalía tiene, esos hechos notorios ya los vimos...puede investigar de oficio sin estar esperando un aviso penal" , declaró el abogado de Unidehc, Rudy Joya.
El vocero de la organización recalcó que las autoridades deberían de ser los encargados de brindar información exacta sobre lo sucedido, y ordenar una investigación para determinar la razón de los sucesos.

Según planteó Joya, entre las posibles razones por las que se pudo haber originado la trifulca están un motín entre los detenidos o una rebelión de los reos que son torturados por los custodios. “Si ese es uno de los motivos, ¿a quien le toca investigar? pues al fiscal”, añadió.

“Entonces, el que no den esa información de que fue lo que pasó claramente en el centro penal de Izalco hace unos días atrás pone en zozobra a las familias sobre qué ha pasado con sus familiares detenidos”, manifestó Joya.

Sandra Cruz, madre de uno de los detenidos dijo que el nombre de su hijo, Roberto Carlos Ascencio Cruz, apareció en publicaciones de redes sociales entre los presuntos lesionados en el penal y que está ingresado en el hospital Zacamil. Cruz expresó que luego de ver la noticia solicitó información de su hijo a los custodios del penal de Izalco, sin embargo, aseguró que obtuvo una respuesta negativa, donde se le manifestó que no tenían autorización para dar información, misma situación ocurrió en el hospital donde se supone está internado.

“Yo traté la manera de entrar (al hospital), llegué a emergencias y me dijeron que no estaban dando ninguna información y que si no me iba ellos podían llamar a una patrulla para que me llevarán”, dijo la madre de familia.

Ante ello, las organizaciones esperan que la Fiscalía responda con prontitud y les brinde información sobre los hechos y el estado de salud de los detenidos. El pasado 8 de enero, circuló en redes sociales la noticia de que al menos 15 privados de libertad fueron lesionados en un presunto amotinamiento al interior del penal de Izalco.

Muertos

Por otra parte, la abogada de Unidehc, Ivania Cruz, señaló que el lunes presentaron ante el Tribunal Cuarto contra el Crimen Organizado de San Salvador un escrito para que se ordene a Centros Penales y Medicina Legal que brinden información sobre Erick Mauricio Umanzor Sánchez, quien presuntamente murió en el motín del centro penitenciario de Izalco, y que está siendo representado legalmente por la organización.

La abogada explicó que la familia recibió llamada que se identificó como un empleado de una funeraria de Sonsonate para informarles que Umanzor era una de las personas fallecidas, y que en la esquela de medicina legal, habían puesto que por su padecimiento de diabetes había muerto, pero que él fue una de las personas muertas que sacaron el 8 de enero pasado, por los disturbios sucedidos.

Ante dicha situación, agregó que la familia del joven, fue al centro penal de Izalco, el sábado 10 de enero del presente año, donde no quisieron brindar ninguna información, asimismo visitó el Hospital Nacional de Sonsonate “Dr. Jorge Mazzini Villacorta”, y le expresaron que ninguna persona con el nombre de Erick Umanzor había sido registrado y por último visitaron Medicina Legal, donde les dijeron que no podían dar información.

Por ello, la organización de derechos humanos exige que el referido Tribunal de Crimen Organizado emita un oficio para que las autoridades de Centros Penales y Medicina Legal confirme la muerte de la persona y de ser así, que entreguen el cuerpo a su familia para su respectiva despedida.