Organizaciones sociales y familiares de los 11 procesados acusados de planificar supuestos actos de terrorismo en mayo de 2024 denunciaron este lunes que la suspensión del juicio, programado originalmente para desarrollarse del 7 al 11 de septiembre, responde a «tácticas dilatorias» por parte del Tribunal Primero contra el Crimen Organizado y de la Dirección General de Centros Penales.
Durante una conferencia de prensa celebrada este lunes, representantes del Comité de Familiares de Presas y Presos Políticos de El Salvador (Cofappes) y del Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular (BRP) catalogaron las razones del tribunal como no válidas.
La exdiputada del FMLN y vocera de Cofappes, Lourdes Palacios, calificó como «poco creíble» que las citas médicas de los detenidos hayan sido programadas precisamente para los mismos días en que debía instalarse la vista pública.
“Si el sistema judicial y la Dirección de Centros Penales no pueden asegurar la conexión virtual, deberían trasladar a los detenidos y realizar la audiencia de manera presencial”, sostuvo la representante, argumentando que las consultas médicas ordinarias pudieron programarse para fechas posteriores a la audiencia.
En un comunicado conjunto leído por familiares de los procesados, se señaló que las constantes suspensiones podrían tener el objetivo de «prolongar el proceso judicial el mayor tiempo posible» ante lo que califican como una «imposibilidad de establecer una condena debido a la falta de pruebas» en el expediente de la Fiscalía General de la República (FGR).
Señalamientos por debilidad probatoria y salud
La representación de las familias insistió en que la acusación fiscal carece de sustento científico y documental, recordando que publicaciones periodísticas confirmaron que la FGR no incluyó en su nómina de testigos al denunciante anónimo que originó el caso en mayo de 2024. Según la defensa técnica, al no estar acreditada la existencia ni identidad de dicha persona en el expediente, el testimonio no podrá desfilar en el juicio.
Por su parte, Rafael Paz Narváez, del BRP, manifestó preocupación por el estado de salud de los privados de libertad. De los 11 procesados, 10 permanecen en detención provisional y adolecen de enfermedades crónicas y degenerativas.
De acuerdo con la resolución judicial de suspensión, el procesado José Santos Melara, de 60 años, tiene programada una cita este 11 de septiembre en el hospital Zacamil por una obstrucción nasal crónica, previendo una cirugía de tabique (septoplastía) para el próximo 28 de septiembre.
La defensa de Melara ha externado previamente sus reservas ante esta intervención médica, señalando además el deterioro en la movilidad de sus manos y la irregularidad en la administración de su tratamiento de insulina.
La audiencia única abierta, que equivale a la vista pública del caso, fue suspendida de manera repentina la tarde noche del viernes 5 de septiembre. El Tribunal Primero contra el Crimen Organizado, Jueza 3, argumentó para esta nueva postergación fallas en la conexión virtual desde el penal de Santa Ana y la coincidencia de citas médicas programadas para varios de los imputados durante esta semana. Esta es la segunda ocasión en que se aplaza la diligencia, luego de que el pasado 11 de agosto se alegaran problemas técnicos de transmisión similares. Tras la suspensión, la jueza esperará los informes médicos para reprogramar el juicio.
