Tobar puntualizó a través de un comunicado que el objetivo del plan es velar por el respeto y garantía de los derechos humanos de todos los salvadoreños sin excepción; tutelar, proteger y asistir a familiares de las víctimas de la ola de violencia, y monitorear la actividad del Estado en relación a las personas.
El plan, añade, recopilará y sistematizará información a nivel nacional sobre hechos suscitados durante el régimen de excepción para la emisión posterior de informes semanales y quincenales.
Personal de @lalibertadpddh realiza verificación en puesto de la Policía Nacional Civil, ubicado en la Colonia San José Del Pino, Santa Tecla. pic.twitter.com/8HmP0JoGsU
— PDDH El Salvador (@PDDHElSalvador) March 28, 2022
El procurador ha informado también que las 13 delegaciones departamentales y la sede central de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) estarán brindado servicios y la entidad garantizará el respeto a los derechos humanos en el marco del régimen de excepción.
La madrugada del domingo 27 de marzo, la Asamblea Legislativa con 67 votos aprobó a petición del presidente Nayib Bukele un estado de excepción que estará vigente durante 30 días, bajo esta figura, se suspenden los derechos a la libertad de asociación, derecho de defensa y la inviolabilidad de la correspondencia y de las telecomunicaciones, también, extiende el plazo de la detención administrativa de 72 horas.
La medida, según el gobierno, busca paliar la ola de violencia emprendida por las pandillas desde el viernes 25 de marzo. Según ha informado la Policía Nacional Civil, este lunes 28 se registraron dos homicidios, lejos de los 62 del sábado 26, una cifra inédita en el marco de la política de seguridad del presidente Bukele, el Plan Control Territorial.