La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) y el gabinete de Seguridad instalarán mesa técnica para revisar las capturas de personas durante la aplicación del régimen de excepción, según confirmó ayer la procuradora general, Raquel Caballero de Guevara.

Raquel Caballero afirmó que la mesa técnica estaría conformada por la institución que ella dirige, la Policía Nacional Civil (PNC) y el Ministerio de Justicia y Seguridad, representado por el titular, Gustavo Villatoro.

Detalló que el objetivo será revisar casos de personas que capturaron, especificó enfocados en los casos “en flagrancia”, para verificar la información y sean liberados en los 15 días, previo a la acusación del ente fiscal.

La PDDH velará principalmente en los casos de personas con enfermedades terminales, dijo la procuradora.

“Ya me reuní con el ministro de Justicia y Seguridad y vamos a establecer una mesa técnica para el manejo de los casos, la situación de las personas privadas de libertad, me interesa principalmente las personas con enfermedades terminales con enfermedades metabólicas, es decir, el acceso a los servicios de salud y la atención oportuna”, aseguró Raquel Caballero.

Añadió que su accionar como vigilante en el cumplimiento de los derechos humanos abarca inspecciones en los cercos militares, así como en los centros penitenciarios. De igual forma, dijo que esta semana se reunirá con el director de Centros Penales, Osiris Luna y la próxima semana con el fiscal general de la República (FGR), Rodolfo Delgado.

Ayer el Fiscal General, aseguró que en la institución se han establecido protocolos para desarrollar una investigación rápida, teniendo en cuenta que la detención administrativa está vigente durante 15 días, con el fin de ser objetivos en la acusación y presentar tanto pruebas de culpabilidad o de inocencia.

La titular de la PDDH también dijo que a principios del próximo año se iniciará una verificación de la situación carcelaria del país, que será acompañada por el representante para Centroamérica de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Derechos Humanos, Alberto Brunori, así como por la presiente la de CIDH.