"El viernes voy a presentar una petición consistente en solicitar una revisión, una audiencia especial de revisión de medidas sustitutivas a la detención provisional, considerando que hay elementos que no cuajan o no están bien fundamentada la detención provisional dictada por el Juzgado de Paz de Victoria", reveló Muñoz ayer.
El abogado explicó que la solicitud se hará bajo argumentos humanitarios, es decir, en lo que respecta por los quebrantos de salud que los imputados están sufriendo desde su captura el pasado 11 de enero, así mismo por la presencia de edad avanzada, al ser de una población de riesgos.
Los seis capturados son señalados de ser exguerrilleros miembros de la Resistencia Nacional (RN) acusados de los delitos de asociaciones ilícitas, privación de libertad y el asesinato de María Inés Alvarenga Leiva, un hecho ocurrido el 22 de agosto de 1989, ellos son: Fidel de Dolores Recinos, Saúl Agustín Rivas Ortega, Teodoro Antonio Pacheco, Miguel Ángel Gámez, Pedro Antonio Rivas Laínez y Alejandro Laínez García.
De igual forma, los imputados en calidad de ausentes José Eduardo Sancho Castaneda, conocido como Ferman Cienfuegos, y Arturo Serrano Ascencio, quienes han sido declarados rebeldes y pesa sobre ellos una orden de captura.
Libertad.
Al igual que la defensa, familiares confirmaron que tras más de 10 días desde que se les decretó la detención a los seis exguerrilleros fue hasta el martes 31 de enero que en las bartolinas del Centro Integrado de Justicia de Soyapango les permitió ingresar kits de higiene personal, cambio de ropa, entre otras.
Explicaron que se permitió, ya que fueron acompañados por una comitiva de la Procuraduría para la Defensa de Derechos Humanos (PDDH).
En ese sentido, y pese a esas condiciones en las cuales se encuentran, los familiares y demás líderes comunales de poblaciones de excombatientes y exiliados de la guerra civil exigen la liberación de los detenidos.
Los líderes de unas 30 comunidades expresaron ayer su respaldo a los detenidos en la comunidad Santa Marta, ya que aseguran el caso no se trata de ion proceso de investigación de un crimen de guerra sino de un proceso penal "anómalo e injusto que responde a tres propósitos", y en ese sentido solicitan la liberación.
"Nuestras comunidades ven que detrás de esto hay una intención de reactivar procesos mineros...Santa Marta ha jugado un papel importante en contra de estos proyectos", dijo Saúl Callejas, presidente de la Asociación Comunal El Papaturro.
Explicaron que actualmente están en alerta, ya que temen que la misma situación de la comunidad Santa Marta, pase con las demás, en ese sentido, aseguraron que fortalecerán sus lazos históricos de solidaridad para defender "los derechos, la dignidad humana, la justicia social y la democracia por las que luchamos y que ahora están en pleno retroceso".