“En este país, compañeros, colegas, ser periodista es delito. ¿Por qué estoy aquí? Es que no quiero que se repita; hacer periodismo investigativo, en este país, o llevar un funcionario a tu programa e incomodar, ya te vinculan con pandillas”, afirmó el periodista ayer en una conferencia de prensa acuerpado por la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES).
Barahona relató que dos agentes de la Policía Nacional Civil llegaron a su casa, en Apopa, el 7 de junio de 2022, a las 11:00 de la mañana y pidieron su identificación; el mostró sus documentos y las credenciales de periodista, en su momento trabajaba para canal 29, Universal Cable y Radio Tu Onda Club, para la zona norte del país.
Los policías también lo cuestionaron sobre si pertenecía a la directiva de la comunidad, él respondió que hacía algún tiempo ya no. Luego se lo llevaron. “Estoy seguro que es por mi trabajo porque tenía programas que incomodan”, aseguró Barahona ayer. Manifestó que fue expuesto junto a pandilleros tatuados, en un espectáculo mediático.
El periodista relató que fue llevado al penal La Esperanza, después de pasar en las bartolinas de Apopa, y luego al penal de Izalco, en la fase III, donde permaneció la mayoría de tiempo, en la celda 48 junto a un centenar de reos. “Sin medicina, sin sol”, añadió.
“Yo agonicé tres días” relató, y afirmó que pensaba que moriría en el centro penal, al padecer de fiebres que no fueron atendidas.
El 5 de mayo reciente fue puesto en libertad bajo medidas, pero sigue procesado, sin saber bajo qué argumento fiscal.
Tribunal no responde.
El abogado Oswaldo Feusier, de la clínica de asistencia jurídica de la APES, aseguró que han solicitado al tribunal ser parte de la defensa de Barahona en el proceso, asimismo copia del expediente, pero hasta el momento no ha tenido respuesta.“Da la impresión que es un caso donde detuvieron primero e investigaron después y un año después lo han dejado en libertad para sorpresa de quien era incluso defensora pública de don Victor”, señaló Feusier ayer.
El abogado señaló un desorden administrativo debido a que la Fiscalía General de la República no informó a la defensa sobre la liberación del periodista, y desconocen hasta qué punto, el tribunal ha girado órdenes. La presidenta de la APES, Angélica Cárcamo, cuestionó la falta de actuación de la Procuraduría para la Defensa de los derechos humanos.