A través de su cuenta de Twitter, Bukele informó que "en estos días" la Policía Nacional Civil (PNC) arrestó a 3,000 personas más, "y seguimos" ejecutando capturas.
Desde el domingo, la comida es racionada y los 16,000 pandilleros encarcelados no han salido de sus celdas, ni han visto el sol.
— Nayib Bukele (@nayibbukele) March 31, 2022
En estos días hemos arrestado 3,000 más (y seguimos).
Así que cada vez habrá menos espacio y tendremos que racionar aún más.#GuerraContraPandillas pic.twitter.com/03MbAEzMPY
Hasta la tarde de ayer, el director de la PNC, Mauricio Arriaza Chicas, informó que las capturas superaban las 2,500 desde que inició el régimen de excepción el domingo. Esto significa que las capturas de las últimas horas superan las 500.
El último operativo registrado por la corporación policial, fue la captura de 60 supuestos pandilleros de la Mara Salvatrucha, entre ellos dos palabreros, "quienes ordenaban homicidios, extorsiones, traficaban droga, entre otros".
En su cuenta oficial, la Policía también detalló a cuánto ascienden las penas que deberán enfrentar, según las reformas aprobadas anoche por la Asamblea Legislativa al Código Penal.
"Estos dos sujetos deberán ser condenados a 45 años de prisión por ser cabecillas de grupos terroristas", indicó la PNC.
Según las reformas aprobadas por la @AsambleaSV al Código Penal, estos dos sujetos deberán ser condenados a 45 años de prisión por ser cabecillas de grupos terroristas. #GuerraContraPandillas
— PNC El Salvador (@PNCSV) March 31, 2022
También se han desarrollado operativos en Loudes Colón, Soyapango, Ilopango, San Martín, y otros municipios.
La madrugada del domingo, la Asamblea Legislativa aprobó un régimen de excepción para paliar el aumento de homicidios del sábado anterior, donde 62 salvadoreños fueron asesinados.
El régimen de excepción suspendió cuatro derechos constitucionales: la libertad de asociación, derecho de defensa, el plazo de la detención administrativa de 72 horas y la inviolabilidad de la correspondencia y de las telecomunicaciones. Las garantías constitucionales están suspendidas por 30 días.