La Policía Nacional Civil (PNC) reservó en mayo de este año la información relacionada a la incidencia delictiva de los delitos de homicidios y feminicidios, así como toda la información relacionada a víctimas, personas detenidas, y reos en bartolinas policiales.

La reserva de la incidencia delictiva es parte de 30 puntos de reservas de información realizada por la PNC este 2022, la mayoría de forma total y por siete años.

También la PNC ha reservado el listado de asesores de la policía, información sobre suministros de material de defensa como municiones, el proceso de selección y contratación de personal de supernumerarios, mejor conocidos como Protección de Personalidades Importantes (PPI), y expedientes sobre procedimientos internos de investigaciones realizadas a personal de la PNC.

La reserva de información, según la PNC, obedece a qué pone en riesgo la defensa nacional y la seguridad pública, pone en peligro la vida, la seguridad o la salud de cualquier persona, y porque causa un serio perjuicio a la prevención, investigación o persecución de actos ilícitos en la administración de justicia, así mismo, porque contiene información personal y datos sensibles.

Aunque no figura en el índice de información reservada, Diario El Mundo tiene en su poder una resolución de la oficina de Acceso a la Información Pública donde señala la reserva sobre los datos de homicidios y feminicidios bajo el número PNC/DG/COP/1.1-A-A-001.05-2022.

La reserva informativa es calificada por expertos en seguridad y anticorrupción como “violatoria” en cuanto a acceso a la información pública, además deja en inseguridad jurídica a la población salvadoreña que busca conocer estos datos.

“Actualmente, nadie de la población puede saber cuántas personas han fallecido, el tipo de delitos que se cometen, cuántas personas han sido detenidas, las condiciones de los lugares de detención, las personas que han salido libres, etc. Esta es una situación que genera no solo inseguridad y falta de transparencia, sino además, inseguridad jurídica”, afirmó Zaira Navas, exinspectora general de la Policía y actualmente jefa Estado de derecho y seguridad de Cristosal.

Navas añadió que tras la reserva de información es difícil creer en las estadísticas que proporcionan los funcionarios e instituciones de forma irregular, ya que se presta a la manipulación.

Para la jefa de anticorrupción y justicia de Cristosal, Ruth López, la reserva de información solo refleja una “opacidad gubernamental que tanto ha caracterizado la gestión Bukele” y que viola los derechos de la ciudadanía.

“Las estadísticas de ninguna manera vulneran la seguridad nacional y es obligación proporcionarla, tampoco puede reservarse nada relativo a violaciones graves de derechos fundamentales o delitos de trascendencia internacional...no hay justificaciones para estas reservas”, afirmó López.

Añadió que el derecho al acceso a la información solo puede ser limitado por vulnerar derechos de terceros o por seguridad nacional, como lo establece la información clasificada como confidencial, pero en cuanto a incidencia delictiva no solo basta con referirse sino que debe ser fundamentada para que el principio de publicidad prevalezca.

“Uno de los derechos que en El Salvador más retrocesos ha enfrentado es el de acceso a la información pública, con todas las implicaciones que conlleva en la disminución de la calidad democrática...pues donde no hay rendición de cuentas, es decir, donde la ciudadanía está impedida de saber cómo se gestionan los recursos públicos y está limitada su capacidad para exigir el control de la actuación pública, no puede hablarse de democracia”, aseguró López.

“Un retroceso”.

El abogado y coordinador del Centro de Asesoría Legal Anticorrupción de El Salvador (ALAC), Wilson Sandoval, explicó que las reservas de información son contrarias a lo establecido en la Ley de Acceso a la Información Pública, sin embargo, considera que el tema también puede analizarse desde la implementación de políticas públicas, al cuestionar en “¿Cómo se puede verificar efectivamente la reducción de los desaparecidos y homicidios si se oculta información?”.

“Eso no es transparente y se vuelve a repetir la estrategia del Estado del conflicto armado en donde se negaban (cifras de) desaparecidos, bajas (muertos) en las partes, etc. Un retroceso”, afirmó Sandoval.
Señaló que al ocultar la información oficiosa se imposibilita verificar y contrastar los resultados reales de estrategias de seguridad pública.

“Al final del día eso no parece importarle a la gente, hasta que se ve afectada. Ahí, cuando un familiar desaparece o es detenido, parece que este derecho se vuelve importante”, añadió Sandoval.

Organizaciones en favor de la transparencia se han pronunciado en reiteradas ocasiones sobre “actuaciones”, en detrimento del derecho de los ciudadanos a acceder a información pública y la garantía de los derechos de los salvadoreños, así mismo, del rol que cumple el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) por su comportamiento de “incumplimientos de deberes a la ley”.

4 puntos reservados por la PNC


1.- Bartolinas
Los datos estadísticos e información relacionada con las personas que guardan detención en las bartolinas policiales tienen reserva total por 7 años, desde el 15 de marzo del 2022.

2.- Asesores
Listado de asesores de la PNC está bajo reserva total por 7 años, desde el 29 de abril del 2022.

3.- Incidencia
Bases de datos y archivos de información sobre incidencia delictiva; información relacionada con diferentes delitos como: víctimas, personas detenidas, reos en bartolinas policiales, armas de fuego incautadas, información geográfica policial.

4.- PPI
Instructivo para regular la selección y contratación de personal supernumerario de la PNC; asimismo, los datos estadísticos u otra información que se encuentre relacionada con las personas o funcionarios a los que se les brinda seguridad especial.