De acuerdo a la denuncia realizada por la comunicadora y la Asociación de Radiodifusión Participativa de El Salvador (ARPAS), un grupo de policías y un agente fiscal llegaron a la casa de Rodríguez y su compañero de vida, Steve Magaña, con una orden de allanamiento "sin dar mayores explicaciones".
"La vivienda fue registrada completamente, sustrayendo documentos y tarjetas de crédito de uso personal y hurtando equipo informático, teléfonos celulares y memorias externas", todo ello propiedad de Bálsamo RTV, según publicó el medio de comunicación en conjunto con ARPAS.
El vehículo en el que se transportaban los policías tenían placas particulares, según dio a conocer Mónica Rodríguez, quien difundió un video del automotor en el que se transportaban los agentes.
El procedimiento fue catalogado como "grave y anómalo" por el presidente de la APES, quien se mostró preocupado por lo ocurrido a la periodista que es reconocida por dar seguimiento a las luchas por el derecho al agua, la defensa del medio ambiente y las víctimas del régimen de excepción.
"Lo ocurrido ayer nos parece sospechoso, grave y anómalo, porque se llevaron equipo de trabajo, teléfonos celulares donde ella tiene su agenda telefónica, contactos con fuentes", aseguró Arauz en una entrevista a la Red Informativa Arpas.
#VocesEnContacto| "Lo ocurrido ayer (allanamiento en la vivienda de la periodista Mónica Rodríguez) nos parece sospechoso, grave y anómalo, porque se llevaron equipo de trabajo, teléfonos celulares donde ella tiene su agenda telefónica, contactos con fuentes", dice Sergio Arauz. pic.twitter.com/ekvEq3lzvF
— Red Informativa de Arpas (@arpassv) December 6, 2024
Este caso no tiene que verse "como un hecho aislado" manifiesta Arauz, asegurando que el hecho es parte de un intento de silenciar a los periodistas y otras voces que defienden el medio ambiente.
"Hemos registrado y estamos siendo testigos del intento del silenciamiento de voces críticas", dijo el presidente de APES.
Por su parte, Bálsamo RTV y ARPAS sostienen que "estos hechos, totalmente arbitrarios, nos someten a un estado de vulnerabilidad, ya que expone a periodistas y comunicadores en su labor profesinal y a fuentes de iunformación de nuestro medio, como personas defensoras de derechos humanos y liderazgos comunitarios".
Hasta septiembre la APES registraba 380 agresiones y vulneraciones a periodistas, así como siete comunicadores exiliados de forma permanente, señaló Sergio Arauz.
La Asociación de Periodistas de El Salvador también contabiliza "76 casos y denuncias de periodistas a quienes los cuerpos de seguridad les han confiscado o retenido su equipo de trabajo".
#VocesEnContacto | En los últimos dos años, la @apeselsalvador ha registrado 76 casos y denuncias de periodistas a quienes los cuerpos de seguridad les han confiscado o retenido su equipo de trabajo. pic.twitter.com/eLcG7zOUZP
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