La razón de la suspensión, según el acusador particular de Cristosal, David Morales, fue porque la Dirección de Desarrollo Tecnológico de la Corte Suprema de Justicia y la Dirección General de Centros Penales no lograron garantizar la permanencia de uno de los procesados a la audiencia de vista pública.
Morales explicó que la dirección de la Corte no logró hacer conexión por video llamada con el penal, debido a que la Dirección de Centros Penales no permite la salida de los reos de forma presencial.
“Juzgar criminales de guerra parece que no interesa al actual sistema de justicia, a las actuales autoridades de Gobierno, concretamente, a la dirección de Centros Penales, esto muestra el estado de la justicia en El Salvador, una justicia lenta, deteriorada, que en su infuncionalidad sigue garantizando impunidad a criminales de guerra, mientras las víctimas directas, las y los familiares sobrevivientes siguen sin acceso a la justicia”, aseguró el acusador particular en el caso, David Morales.
Agregó que para hacer justicia únicamente falta que se haga la vista pública, pero debido a la “disfunciones” del sistema se insiste en negar justicia a las víctimas.
Los cuatro exmilitares enjuiciados son: José Inés Benavides, Luis Alonso Benavides Polio, José de la Cruz Orellana y Ángel Aníbal Alvarado Benítez, este último popularmente conocido como “El Chele Aníbal”, quien está en calidad de prófugo. De los cuatro únicamente está en la cárcel Cruz Orellana, el resto está con medidas alternas a la detención.
La Fiscalía les atribuye el asesinato de cinco personas en el cantón San Andrés, de San Miguel en 1981; las víctimas fueron sacados durante la noche, por sujetos uniformados en vehículos militares.