La Fiscalía General de la República (FGR) presentó este martes ante el Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador una solicitud de imposición de medidas contra un grupo de personas, acusados de comercializar terrenos de forma ilegal en San Juan Opico, La Libertad.

La solicitud va dirigida en contra de 29 personas, 25 presentes y cuatro ausentes, a quienes se les acusa por los delitos de agrupaciones ilícitas, usurpación de inmueble, ejercicio Ilegal de la profesión, comercialización irregular de lotificaciones y parcelaciones, limitación ilegal a la circulación.

Los detenidos son integrantes de la comunidad Hacienda La Floresta, en San Juan Opico, La Libertad y según la investigación de la Fiscalía, intentaban vender lotes a "personas de escasos recursos" por montos de entre $100 y $200.

El Ministerio Público sostiene que la estructura estaba conformada por abogados y organizaciones sin fines de lucro e inexistentes quienes “promueven la invasión a inmuebles, prometiendo a las víctimas que a futuro serían dueños de los terrenos, con esa falsa promesa, varias personas entregaron distintas sumas de dinero”.

Según señalaron, los hechos iniciaron en el año 2014 y se mantuvieron hasta el presente año, cuando un grupo de personas despojó a los dueños de una hacienda de San Juan Opico.

“Posteriormente al realizar intentos de volver a ingresar al inmueble estas personas limitan la circulación de cualquier individuo que intente ingresar, ya sea ante la fuerza física o con armas blancas”, dijo el fiscal del caso.

Entre los acusados se encuentra el activista de la Unidad para la Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios (Unidehc), Fidel Zavala, quien fue detenido el pasado 25 de febrero por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y elementos de la Fiscalía.

La Fiscalía aseguró que cuenta con amplio margen probatorio del caso, por lo que ha solicitado que los imputados se mantengan en detención provisional y continúen las investigaciones.

Amparos

Ayer, Unidehc junto a otras organizaciones sociales presentaron ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) 25 demandas de amparo por la presunta violación de derechos humanos en contra del vocero de Unidehc y de los habitantes de la comunidad La Floresta.

Asimismo, la organización presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una solicitud para otorgar medidas cautelares a favor de Fidel Zavala por posibles represalias debido a las denuncias que realizó en 2024, tras 13 meses de prisión por ser acusado de estafa.

La abogada de Unidehc, Ivania Cruz, dio a conocer el allanamiento en la vivienda de la familia de Fidel Zavala, así como otro operativo en su vivienda, en la que se encontraba su madre.