De los seis testigos, cinco eran testigos con régimen de protección claves “16”, “10”, “2”, “17”, “4” y uno fueÓscar Armando Arévalo, el entonces subdirector de seguridad del centro penitenciario de Izalco.
Entre los otros cinco testigos, estaba un exempleado del mediador de la Tregua, Raúl Mijango, otro testigo, y los demás eran subdirectores de seguridad de los penales de Zacatecoluca, Quezaltepeque, y Ciudad Barrios, en la época.
El subdirector de seguridad del penal de Izalco afirmó ante el juez que, entre el periodo del 2010 al 2015 se cometieron actos ilícitos, entre ellos el ingreso de la comisión mediadora con maletines, nombrada supuestamente por el Gobierno.
El testigo también explicó que los mediadores que integraban esa comisión del Gobierno y que entraban sin pasar registros eran: Raúl Mijango, el obispo castrense, Fabio Colindres y un subinspector de la Policía Nacional Civil (PNC), Juan Roberto Castillo Díaz. También “cabecillas de pandillas de la calle”.
“Era un grupo de personas particulares que estaban avaladas por la Dirección General de Centros Penales...se reunían al interior de los sectores 1 y 2”, añadió el testigo.
De igual forma, el testigo con clave “4”, un custodio, relató cómo en el centro penitenciario de Izalco, los mediadores ingresaban sin registros de los custodios, aunque sí por arcos de seguridad de metales.
Así mismo, se permitía la salida de internos y cabecillas a otros centros penales para reunirse con otros pandilleros a fin de disminuir los homicidios. Explicó que los jefes de las pandillas que salían a reuniones a otros centros penales, eran en grupos de tres, siete y hasta 12.
Otra irregularidad era el ingreso de personas sin control ni registro a visitas íntimas, el ingreso de discomóviles a fiestas, y el ingreso de mujeres a “pornofiestas”.
Así mismo, relató que se hacían requisas simuladas y retiros de máquinas de información.
En cuanto a las requisas explicó que se realizó una vez, en donde se encontraron 50 teléfonos celulares, pero que luego les fueron devueltos a los reos, y en cuanto a la extracción de máquinas como computadoras eran para eliminar material de videoseguridad, entre otros.
Los fiscales del caso preguntaron al testigo quién ordenaba las actividades ilícitas, el testigo respondió: “Las jefaturas de Dirección General de Centros Penales....el director del centro, el director general de centros penales, el señor ministro y con autorizaciones del señor presidente (Mauricio Funes)”.
Aseguró que los pandilleros tenían beneficios como teléfonos celulares, manos libres y cargadores, que eran ingresados por la comisión de mediadores en maletines, afirmó el testigo.
Aseguró que en una ocasión, en el 2012, el mediador conocido como “padre Toño” ingresó un saco de boxeo con ilícitos, entre ellos, dos pistolas 9 milímetros y granadas.
“El padre Toño (ingresó)...dos, al parecer, 9 milímetros, dos granadas, munición, entre otras cosas, y se veían también como siluetas como escopetas”, declaró el testigo clave “4”.
La defensa de Payés como la del expresidente Funes refutaron las declaraciones, bajo el argumento de que en ningún momento prueban que esas actividades fueron avaladas por los exfuncionarios.
Cuestionaron que los testigos bajo su condición de seguridad hicieron omisión de esos actos.
Funes y Munguía son procesados por los delitos de agrupaciones ilícitas e incumplimiento de deberes, y en el caso del exministro también por actos arbitrarios.
Según la Fiscalía, la tregua con las pandilla inició en el año 2011 y se mantuvo durante el 2012, ahí el gabinete de Seguridad de Funes, supuestamente, facilitó beneficios para los pandilleros a cambio de la reducción de homicidios en el país. Sin embargo, la tregua se rompió a mediados del 2013 y los homicidios incrementaron.