Es la segunda vez que se programa el juicio, luego que el pasado 12 de enero se suspendió debido a la falta de conexión con el penal La Esperanza, donde sigue detenido el exministro y el exinspector general de Centros Penales, Ramón Roque Mártir.
Los abogados defensores han reiterado que ambos procesados deberían estar en libertad a espera del juicio y no "detenidos ilegalmente" por la Dirección de Centros Penales, ya que existe una orden judicial de liberación desde diciembre del 2023.
"Se señala las 8:30 del día 1 de julio del 2024 para la celebración de la audiencia de vista pública, en el proceso penal, en razón que es la fecha disponible más próxima por la disponibilidad del Complejo Penitenciario La Esperanza", dice el acta de convocatoria del Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador.
El abogado defensor del exfuncionario, Pedro Cruz, asegura que las expectativas para el juicio son que se pruebe la inocencia de su cliente y sea absuelto.
"Que se absuelva a nuestros defendidos que no han cometido ningún delito, la Fiscalía no tiene ninguna evidencia, el caso es inventado, montado, sin ningún sustento probatorio, y nosotros, hemos con la evidencia planteada, desmontar toda la acusación", sostiene Pedro Cruz.
50 días secuestrado.
Ayer, el Comité de Presos y Presas Políticas de El Salvador (Cofappes) realizaron una vigilia en el Centro Judicial "Isidro Menéndez" para exigir la inmediata libertad para Mauricio Ramírez Landaverde y el exinspector general de Centros Penales, Ramón Roque, que aseguran cumplen 50 días secuestrados."Desde que el Tribunal Quinto de Sentencia resolvió la libertad con medidas sustitutivas el 11 de diciembre del 2023 para Ramírez Landaverde y Ramón Roque contamos 50 días transcurridos que se encuentran en prisión en carácter de secuestro", afirmó Cofappes.
Señalan directamente a Osiris Luna, director de Centros Penales de incumplir la orden judicial. Aseguran que hasta la fecha no saben las condiciones físicas de ambos procesados, ya que ni abogados ni familiares han podido tener acceso al penal para verlos.
El Caso.
El exministro de Seguridad junto a 18 más son acusados por los delitos de actos arbitrarios, peculado, cohecho impropio y falsedad, cometidos en las tiendas penitenciarias bajo el nombre de la Asociación Yo Cambio (Asocambio).La acusación establece que crearon 21 cuentas bancarias, una cuenta por cada penal, y por medio de estas trasladaron los fondos destinados a alimentación de presos y se empezaron a administrar.
La pericia financiera contable realizada en el caso indica que la Asociación Yo Cambio administró $510,000.