A un año exacto de haber firmado sus contratos con el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología (Mineducyt) para el año escolar 2026, miles de micro y pequeños empresarios (MYPEs) de la confección nacional siguen con las máquinas detenidas y los brazos cruzados. La razón de esta inactividad prolongada no es la falta de voluntad, sino a claúsulas legales insertas en los contratos del programa de Paquetes Escolares que los mantiene atados de pies y manos.
Uno de los contratos a los que Diario El Mundo tuvo acceso, fue suscrito en San Salvador originalmente el 15 de agosto de 2025 y revela un vacío jurídico que deja a los talleres en una total indefensión ante el Estado. Mientras los artesanos esperaban que el encuentro convocado para este 21 de agosto destrabara la entrega de materias primas, la nueva suspensión del Ministerio prolonga un limbo legal que asfixia a más de 5,200 talleres familiares en todo el país.
La «Cláusula III» o el plazo infinito
El núcleo del problema jurídico radica en la Cláusula III (Plazo) del contrato firmado entre los Organismos de Administración Escolar (CDE) y los sastres locales. La letra chica del documento establece textualmente:
«El presente contrato tendrá validez y estará vigencia desde la suscripción, hasta quedar totalmente liquidado el mismo».
A diferencia de los contratos comerciales ordinarios que fijan una fecha de vencimiento clara, este acuerdo tiene una vigencia indefinida. Como el inicio de la confección depende exclusivamente de que el Centro Educativo entregue la tela y emita la «Orden de Inicio», el Estado puede dilatar la entrega de las materias primas por meses, e incluso años, sin incurrir en un vencimiento contractual formal.
«Es un vacío legal […] no pueden demandar nada precisamente por eso», explicó Nelson Javier, proveedor del departamento de Sonsonate a finales de julio a El Mundo. Al no haber una fecha límite para que el Mineducyt entregue las telas, los microempresarios no cuentan con herramientas legales para exigir el cumplimiento del acuerdo o rescindirlo con una indemnización por daños y perjuicios.
Estar atados a este contrato no solo les priva de ingresos estatales, sino que les bloquea la posibilidad de buscar otros clientes privados para subsistir.
El mismo contrato estipula que una vez que se entregue la tela y se firme la orden de inicio, el taller cuenta con un plazo máximo improrrogable de 60 días calendario para entregar el primer lote terminado. Si el contratista se retrasa, el contrato faculta al Ministerio a aplicar descuentos diarios y multas por mora sobre el monto total adjudicado.
Esta condición genera una parálisis operativa forzada. Los sastres no se atreven a aceptar trabajos de temporada, como la confección de uniformes comerciales para las bandas de paz de las fiestas cívicas de septiembre, por temor a que Educación entregue la tela de imprevisto. De aceptar otros contratos y recibir repentinamente la tela estatal, los talleres no tendrían la capacidad instalada para cumplir ambos plazos, lo que los expondría a multas y a la inhabilitación como proveedores del Estado.
«Estamos con las máquinas solo limpiándolas, esperando a que ellos nos den la tela», lamentó en su momento Eusebio Alfaro, coordinador de proveedores en el departamento de La Paz.
El impacto económico de este diseño contractual se refleja en el caso de una de las proveedoras quien tiene un contrato firmado por un monto de $15,193.20 para confeccionar 2,644 prendas.
A pesar de que el contrato se firmó a mediados de agosto de 2025 para proveer los uniformes del año escolar 2026 hasta la fecha, el año lectivo está por expirar y el Ministerio no ha entregado un solo metro de tela para este contrato.
Los testimonios coinciden en que la suspensión de reuniones es un patrón recurrente del ministerio para dilatar el proceso. Ya a finales de julio se suspendió una convocatoria similar a última hora, obligando a sastres de departamentos lejanos como Morazán y La Unión a viajar de madrugada para ser atendidos en un parque aledaño y despachados sin respuestas.
Este viernes se repitió el escenario: la cita era a las 8:30 a. m. para firmar adendas y coordinar la entrega de tela. Sin embargo, fueron recibidos por un delegado que canceló la reunión y les indicó que debían enviar un correo electrónico para esperar una nueva fecha.
«Nos están llevando de mes a mes, mes a mes, pero nunca tenemos nada concreto. Estamos totalmente desconcertados», señala Hernán Cepeda, representante del departamento de Ahuachapán.
En vilo
Detrás de cada uno de los 5,200 talleres de confección que permanecen paralizados hay entre 5 y 10 trabajadores directos. En total, la inactividad del programa estatal golpea los ingresos de entre 25,000 y 50,000 familias, afectando principalmente a mujeres jefas de hogar, madres solteras y adultos mayores que dependen de la costura como único sustento de vida.
La falta de trabajo y el endeudamiento adquirido para mantener activos los talleres —con la esperanza de que la orden de inicio llegue— ha comenzado a provocar estragos emocionales y de salud entre los artesanos de Sonsonate, La Paz, Santa Ana y Ahuachapán.
Con el año escolar 2026 prácticamente concluido en términos de producción textil, los proveedores exigen al Gobierno y a la Ministra de Educación, Karla Trigueros, que se establezca de inmediato una fecha real para la entrega de tela, o bien, que se reformule este esquema contractual que los condena a esperar una orden de inicio que nunca llega.
